El abogado Ricardo Paredes, defensor del capitán Rubén Valdez, relató a 730 AM que su cliente le mencionó que fue advertido por la denunciante que lo acusaría por sextorsión, indicando que la mujer es expareja de su defendido y que la relación finalizó en malos términos.

Señaló también que la denunciante de Valdez, en otro momento fue acusada por otra persona (también miembro del CBVP), por un hecho de amenaza de divulgación de videos íntimos, evidencia que fue presentada por el capitán, ya que la víctima hizo un reporte contra ella en la Comandancia de los Bomberos Voluntarios.

“El reporte se presentó en febrero de este año en la Comandancia. Esta mujer ya tiene antecedentes de intimidar a otra persona con la divulgación de videos íntimos”, expresó el letrado.

Asimismo, dijo que hasta el momento no existen pruebas que impliquen al capitán a la denuncia que se lo vincula. “Hasta ayer, en el expediente no había nada, ni imágenes ni videos, solo el testimonio de la denunciante”, señalando que la comitiva fiscal y policial allanó la vivienda de su cliente e incautaron equipos informáticos, como CPU y notebooks y celulares que serán sometidos a peritaje a fin de saber el contenido.

Por otra parte, Paredes dijo a radio 1000 AM que actualmente existe una interna en el Cuerpo de Bomberos, y que la denunciante sería utilizada por un grupo antagónico, desmintiendo que existan otras denuncias por casos similares contra Valdez. “Es falso, dentro del expediente no existe otra denuncia y no existen otras denuncias en otras sedes fiscales tampoco”, puntualizó.

El capitán Rubén Valdez fue detenido luego de la denuncia por un supuesto caso de sextorsión por parte de su expareja. El mismo señaló a los medios de prensa que dicha acusación es una calumnia y difamación en su contra, alegando su inocencia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.