La violencia obstétrica es una de las más invisibilizadas y normalizadas y es una forma de violencia de género ejercida sobre el cuerpo de la mujer durante su proceso de embarazo, parto y puerperio y está contemplada en la Ley Nº 5777 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia.

En su artículo 5, inciso j establece que la violencia obstétrica “es la conducta ejercida por el personal de salud o las parteras empíricas sobre el cuerpo de las mujeres y de los procesos fisiológicos o patológicos presentes durante su embarazo, y las etapas relacionadas con la gestación y el parto. Es al mismo tiempo un trato deshumanizado que viola los derechos humanos de las mujeres”.

Victoria Peralta, integrante del Movimiento por el Derecho a la Salud María Rivarola, afirmó que la violencia obstétrica también es todo trato humillante, degradante, ofensivo y deshumanizante que vive la mujer en las etapas relacionadas con el embarazo ya se parto, puerperio y en forma cotidiana en los servicios de salud.

“Este tipo de violencia se expresa de muchas maneras, muchas veces la mujer es maltratada verbalmente, físicamente con tironeos o procedimientos sin consentimiento, sin explicación alguna y sin información para ella”, afirmó.

Entre los procedimientos se encuentran la maniobra de Kristeller que es cuando el personal de salud sube sobre la panza de la embarazada y presiona para que nazca el bebé, también la episiotomía que es el corte en la zona del periné para acelerar el parto o la expulsión del feto.

“Estas conductas de maltrato también incluye la falta de atención como se denunció en el caso de Villa Elisa, las mujeres van al hospital y quedan invisibilizadas, no se les atiende, se les dice que hacen teatro, que no es para tanto y que no hay necesidad, muchas veces ocurre esto”, detalló Peralta.

También se dan situaciones en las que se niega información a los familiares que quedan en vilo sin saber qué pasó de la embarazada y del bebé, no saben lo que está ocurriendo, ni el estado en que se encuentran.

Peralta destacó que toda estas situaciones suceden por un lado porque no está identificado en el cotidiano ni en la conciencia como una violencia concreta.

“La gente normaliza esto y hay por lo general un ejercicio del poder muy fuerte y cotidiano del personal de salud hacia los usuarios y particularmente de las mujeres en ese proceso en el que su condición es de vulnerabilidad y fragilidad y toda forma de violencia lo que hace es aprovecharse de esa situación de subordinación de la mujer”, reflexionó.

“Por un lado, hay un desconocimiento y no asumir como una condición anormal no permisible de estas formas de trato que creo se necesita hacer un gran trabajo de sensibilización con los trabajadores de la salud en todos los niveles desde al puerta de entrada hasta el último barrendero y hablarles sobre los derechos humanos en primer lugar y en segundo lugar sobre estas formas de violencia que ocurren todos los días”, manifestó.

Estas conductas de maltrato no solo ocurren con la mujer sino con su entorno ya que cualquier persona tiene que estar en condiciones de denunciar lo que sucede y poder defenderla porque en su estado la embarazada por lo general, no lo hace porque sabe que está en manos del trabajador de salud y depende el trato que le den para que su parto termine en condiciones óptimas.

“Existe una ley que considera el tema de la violencia obstétrica y eso significa que hay un Estado garante con el rol de castigar si no se cumple, hay una fiscalía, un juzgado de paz y un centro de atención a víctimas a dónde recurrir por eso es importante denunciar para que se asuman responsabilidades”, agregó.

Peralta recordó que hace años desde el Movimiento María Rivarola promueven la sensibilización de la ciudadanía sobre temas relacionados con la salud, habilitan la palabra de las mujeres para que cuenten sus experiencias y realizan trabajos con los trabajadores de salud para que sean conscientes del daño que producen con esta forma de maltrato.

“No es solo lo que dicen o hacen sobre el cuerpo o en los procedimientos sino la desatención que es una forma de violencia muy fuerte y es una de las que más se viven en los hospitales en el área de la obstetricia”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.