A través de un espacio reservado en La Nación, la madre de Juan Ángel Napout expresó unas palabras dirigidas a los paraguayos, a las autoridades nacionales y también a las norteamericanas. En su misiva ruega que su hijo reciba la merecida atención médica al pertenecer al grupo de riesgo y ahora estar contagiado de Covid-19.

Además implora que se haga lugar a un pedido de traslado de Napout a una cárcel paraguaya, vía un tratado internacional entre ambos países.

A continuación transcribimos la carta de la afligida mujer:

Mi nombre es Teresa. Tengo 88 años. Soy la madre de Juan Ángel Napout, preso en los Estados Unidos hace cuatro años y siete meses. Al principio podía viajar para verle, pero hace más de un año que ya no veo a mi hijo, mi edad y mi salud ya no me permiten. Este domingo mi Juan dio positivo al Covid. Él ya no es tan joven, tiene más de 62 años; además es hipertenso, y prediabético. Su vida está en riesgo.

Estoy profundamente angustiada, la idea de no volver a verle no me deja dormir. Si usted es padre o madre podrá entender la tristeza que llena mi alma y cada minuto de la poca vida que me queda.

Hace una semana le negaron arresto domiciliario para evitar que se contagie; ahora que ya está contagiado les ruego por Dios, ¡no lo condenen a morir! Estando dentro de una prisión, mi hijo no va a poder tener la calidad de atención médica que podría necesitar, y menos aún con la velocidad necesaria.

Hago un llamamiento a la Justicia Americana, a los fiscales, al presidente Donald Trump, a quien corresponda… ¡Por favor, ayúdenme!

Mi hijo necesita URGENTEMENTE estar en un ambiente que le permita recuperarse de esta enfermedad. Su condena, no es una condena de muerte, privarle del derecho a proteger su vida es una injusticia, humanamente nadie debería negar el DERECHO A VIVIR de un ser humano.

Mi primera prioridad es salvar su vida, pero también tengo la ilusión de volver a verlo antes de que Dios me lleve a mí. Eso ES POSIBLE, existe un Tratado Internacional de la OEA que permite el traslado de presos para que vuelvan a sus países a cumplir su condena. Mi hijo reúne todos los requisitos impuestos por dicho tratado. No pido que le aprecien, pero no me arrebaten la ilusión y el derecho de estar con él. No representa peligro para la sociedad, pagó todas las sanciones que le fueron impuestas, su conducta en la cárcel es ejemplar, su esposa, hijos y nietos viven en Paraguay. Les ruego que tengan consideración y ejerzan sus buenos oficios para que el Tratado se cumpla.

¡Ayúdenme a volver a ver a mi hijo!

Teresa Barreto de Napout.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.