A través de su cuenta de Twitter, Fabián Martí escribió ayer sábado, cual chisme fuera, lo siguiente: “Me comentan que la mitad de los manifestantes frente a Mburuvicha son empleados de las ‘empresas’ de HC”.

De esta manera, el abogado de facción liberal insinuó que la convocatoria de la familia Aranda respondía a intereses políticos en vez de una acción social en repudio a la ola de inseguridad que se cobró la vida de una joven madre.

Quien inmediatamente salió al paso fue el futbolista Iván Torres. El mismo defendió la movilización a favor de su señora fallecida. “Ubicate papá, no te confundas. No politices la vida de mi esposa”, fue la contundente respuesta. Ante esto, Martí no tuvo más de otra que borrar su posteo.

Entre los cientos de cuestionamientos contra Fabián Martí estuvo también el del periodista Jorge Torres, quien recordó que fue víctima de este presunto ideólogo de la clonación de teléfonos celulares. “Este Marti es un bandido que debería estar preso. Es el mismo que pagó a un hacker para suplantar el chip de mi teléfono celular a fin de vender la info. Imputado, procesado y ahora con chicanas para no ir a la cárcel. Es un cobarde para pretender manchar una movilización genuina”, tuiteó al respecto.

Para quienes no lo ubican, Fabián Martí es un abogado y experto en informática. Sería uno de los responsables de la escandalosa clonación de los chips de los periodistas Clari Arias y Jorge Torres, además del diputado Carlos Rejala.

Para el Ministerio Público, Martí sería uno de los sospechosos de la autoría moral en la red criminal que se dedicaba al robo de información, en esta ocasión clonaron los chips telefónicos de los aparatos celulares de las víctimas citadas, quienes coincidentemente venían denunciando hechos serios de corrupción en la compra de insumos médicos del Ministerio de Salud, los mismos debían destinarse para el combate al Covid-19.

Aristóbulo Luis Bordón, quien presuntamente hizo el trabajo de clonación, fue quien acusó directamente a Martí de ser la cabeza de este esquema delictivo.

Fabián Martí es el extitular del Tribunal Electoral Independiente del PLRA y extitular de la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos. Es considerado del primer anillo del presidente liberal Efraín Alegre. Además, según el diario La Nación, fue el responsable de coordinar la convocatoria masiva a los adherentes liberales para el proceso que terminó con el asalto al Congreso en la noche del 31 de marzo del 2017 (31M).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.