La firma Abbif SA se caracterizó por no pagar (informe de contralor) los arrendamientos a la previsional. Luego, cuando la Contraloría General detectó los dos casos, determinó que la administración del ente rescindiera el contrato, por incumplimiento, pero lo hizo de manera no ajustada a elementales principios de derecho, y abrió sus puertas “invitando” a que lo demanden.

Fue lo que lógicamente ocurrió. Hiram Abbif SA, antes que retirarse de un eventual pleito, promovió la demanda contra el Instituto. El equipo jurídico cometió el “inocente” error procesal que permitió a la firma, ganar el pleito en la Justicia, con meteórica rapidez.

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El 5 de noviembre del 2021 el Juzgado que falló contra el IPS, ordenó el pago por “indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual”. La suma perdida: 12.439 millones de guaraníes (más costes de abogados) que, como se sabe, se realizó a costa del aporte de los asegurados.

¿Cómo una empresa que debía ser demandada gana la demanda contra el IPS?

Dice el informe de la Contraloría General de la República: “El IPS dejó de percibir aproximadamente G. 1.612.500.000 en concepto de alquiler de la cantina del Hospital Central, también dejó de recaudar aproximadamente G. 3.627.000.000 por arrendamiento de inmueble a la firma Hiram Abiff S.A”.

¿Cómo el IPS cometió el “error” que permitió el desangre de US$ 1,8 millones? Profesionales abogados abordaron el tema como un claro ejemplo de cómo “dejarse” ganar demandas, de forma a echar manotazos al dinero de los asegurados. El caso engrosa un episodio más del negocio de dejarse ganar de forma “inocente” una demanda. ¿Quién es Hiram Adiff? Fue funcionario de la Compañía Paraguaya de Comunicación (Copaco). Arquitecto de profesión, el mismo articuló la Sociedad Anónima que lleva su nombre.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.