investigación@gruponacion.com.py

La difusión de fuertes esquemas de explo­tación clandestina de máquinas tragamone­das activó el debate político en el Congreso de la Nación y tras esto desde el Ministerio Público adelantaron operati­vos de intervención de estas denuncias.

Mediante Resolución Nº 2565 inician pesquisas con la qui­niela. El documento remitido desde la Fiscalía señala que: “Se conforma un equipo de trabajo para intervenir en las denuncias relacionadas a los hechos punibles que configu­ren explotación clandestina de juegos de azar”, equipo que está integrado por los agentes fiscales Isidro Alcides Corva­lán, Sandra Beatriz Ledesma Espinoza y Luis Fernando Chamorro.

Resolución del Ministerio Público por la que se conforma equipo de trabajo, que se inicia en el rubro de la quiniela.

Este hecho se convierte en uno de los pasos iniciales de la Fis­calía para el control de la explo­tación de juegos de azar, espe­cíficamente el relacionado a la quiniela, puesto que también se conformó otro equipo de tra­bajo, abocado especialmente al negocio de las máquinas tragamonedas, tema que vol­vió a generar fuertes polémi­cas luego de revelaciones que hizo “Tierra de nadie” sobre el groso circulante en negro den­tro del rubro.

La existencia de unas 150.000 máquinas que no pagan canon estima un circulante de unos G. 300.000 millones al mes, sin dejar un solo guaraní para el tesoro público. Una salida des­esperada que, tal vez, encontró la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) es la terce­rización del servicio de regula­rización, que luego de investi­gaciones sobre los márgenes de ganancias a favor de una firma de maletín, difundidas por “La caja negra” de Unica­nal, también está en tela de jui­cio y muy atacada, sobre todo desde el Congreso Nacional. “Atendiendo a la necesidad de combatir de manera eficiente los hechos punibles que pue­dan configurarse, a partir de la explotación clandestina de jue­gos de azar, es oportuno que el Ministerio Público establezca un equipo de trabajo”, reza una parte de la resolución difun­dida por la Fiscalía. Entre hoy y mañana se define el grupo de trabajo para atender espe­cíficamente el negocio de las máquinas tragamonedas.

El Ministerio Público alega en su resolución la falta de control de este rubro que representa un problema social, pues los niños y adolescentes caen fácilmente en la adicción a los juegos de azar. Sin mencionar que este negocio es un escenario pro­picio para el lavado de dinero y que constituye un problema económico a nivel país, pues las ganancias millonarias de este sector no ingresan a las arcas del Estado.

Cabe destacar que cuando hablamos de la explotación de máquinas tragamonedas, nos enfrentamos a un problema realmente grave, dado que están involucrados incluso jefes municipales y altos fun­cionarios, que se encargan de cobrar los cánones a quie­nes explotan este negocio, sin entregar comprobantes de pago, hecho totalmente irre­gular, y esto sin mencionar que ni siquiera tienen facul­tades para hacerlo. Sumado a esto, las municipalidades hacen caso omiso al hecho de que los negocios ubiquen estas máquinas en la vía pública y en algunos casos están en inmediaciones de escuelas e iglesias. Ambos hechos están absolutamente prohibidos y arriesgan la integridad de los menores, principalmente de caer en la ludopatía, adicción a las apuestas.

De esta forma, la Fiscalía es una de las primeras institu­ciones en tomar cartas en el asunto respecto al negocio clandestino de los juegos de azar, dado que, hasta la fecha, los municipios solo han mos­trado desinterés.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.