El demoledor informe conclusivo de la Contraloría General de la República (CGR) expuso que la adjudicación de compra de insumos para el combate al covid-19 en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social fue prácticamente dirigida y adecuada a las conveniencias de las firmas proveedoras, en este caso pertenecientes al clan Ferreira.

El ente contralor reveló que los propios integrantes del Comité de Evaluación pasaron por alto requisitos fundamentales de Contrataciones Públicas para compras de insumos médicos para Salud. Se trata de los abogados Diego Sosa y Pedro Adrián, de Asesoría Jurídica de la Dirección de Finanzas; los ingenieros Gustavo Cuevas y Mirta Moran, de la Dirección Biomédica de Insumos Estratégicos; y el doctor Augusto Portillo y la química farmacéutica Larissa Ginés, de Gestión de Insumos Estratégicos.

En entrevista con Telefuturo, el abogado Pedro Adrián Santander, miembro del Comité de Evaluación para esta compra urgente, acusó directamente a Pablo Lezcano, quien era el director general de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública, de haberles inducido a validar una compra cuyo proceso ya estaba terminado, cuando aún no se habían corregido las irregularidades.

“Medio coaccionándonos nos pidieron que firmemos (evaluación final a favor para compra de insumos médicos de forma irregular). Nos sentimos usados”, dijo en su defensa. “Lezcano nos pidió a Diego Sosa y a mí que validemos el proceso que ya estaba adjudicado, con resolución de la máxima autoridad, contrato firmado y con autorización para el pago del anticipo”, reveló.

Además contó que el pedido de “blanqueo” se dio cuando los productos ya estaban en el aeropuerto Silvio Pettirossi y se debía abonar el dinero para poder liberar la mercadería. “Tengo como testigo a mi jefe y a mi compañera de departamento”, acotó.

Ante estas declaraciones, Pablo Lezcano, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio de Salud, respondió que no se adjudicó y luego validó el proceso de fiscalización para blanquear, tal como se denuncia, sino que más bien entregó a dicho comité los documentos de la evaluación la oferta y el informe técnico de evaluación para que revisen y agreguen sus comentarios y apreciaciones.

“El proceso implica ciertas prerrogativas que tratamos de cumplir. La intención era que el proceso salga esa semana. A mí me dieron la instrucción precisa que salga ese día. Yo no llamé directamente a nadie (refiriéndose a los proveedores). No hubo un contacto directo de la Unidad Operativa de Contrataciones con algún oferente, acá hubo un concurso público”, dijo en su defensa.

Si bien confirmó que pidió la firma de la evaluación a los miembros del comité, dijo desconocer que justo esto ocurrió cuando los insumos médicos ya se encontraban en el Silvio Pettirossi. “Yo no sabía que los insumos ya estaban en el aeropuerto”, esgrimió.

Fuentes oficiales señalan que el peso de la fallida licitación apunta principalmente al exdirector administrativo Alcides Velázquez, al exresponsable de la Unidad Operativa de Contrataciones, Pablo Lezcano, y la exdirectora de Dinavisa, Lourdes Rivaldi. Otro que tuvo amplia participación fue el funcionario de Yacyretá, Raúl Silva.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.