Dicho informe consta de 41 páginas y se mencionaron varios puntos irregulares del proceso licitatorio que fue emitida la semana pasada por la Contraloría General.

El titular de Contrataciones Pública, explicó que una vez que se haya rescindido el contrato por completo, aguardan la resolución ministerial, es decir, que el Ministerio de Salud tome la decisión formal.

Mencionó que si bien la rescisión definitiva del contrato de la estatal Salud con Imedic SA y Eurotec SA fue anunciada de forma pública, se requiere de una serie de pasos que deben ser enviados a la DNCP.

“Si se da una rescisión por incumplimiento de los proveedores, se les debe comunicar a ellos, quienes tendrán 10 días para realizar su descargo, a partir de ahí se comunica a la Dirección de Contratación Pública y luego se realiza el proceso sumarial a los proveedores que hayan incumplido el contrato”, especificó Seitz en contacto con 800 AM.

Seitz indicó que las firmas Imedic SA y Eurotec SA no tenían ninguna restricción para contratar con el Estado. Sin embargo desde que el Ministerio de Salud denunció el incumplimiento o mora de la entrega de productos, pesa un impedimento de contratación de la cartera de Salud con relación a esas dos empresas.

DNCP coincide con beneficio de licitación al Clan Ferreira

Seitz dijo que desde la DNCP coinciden con la Contraloría en que hubo digitación en el otorgamiento de la licitación, ya que no hubo competencia y prácticamente las dos únicas empresas postulantes pertenecían al mismo dueño, Justo Ferreira, a pesar de que se haya realizado vía excepción.

Remarcó que se violó el principio de igualdad durante la adjudicación.

“Se atentó contra los que no participaron de la licitación”, puntualizó.

Ministro de Salud denunció ante fiscalía por caso de compra de insumos

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, finalmente presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por el caso de la fallida compra de insumos médicos a dos firmas vinculadas al clan Ferreira y cuyo proceso licitatorio terminó siendo cancelado.

Dicha licitación corresponde a la adquisición de insumos médicos y equipos de bioseguridad para el personal de blanco para la contingencia sanitaria al coronavirus.

Tras haberse presentado esta denuncia, la Fiscalía General del Estado decidió asignar a los agentes fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce Rolandi y Diego Arzamendia para llevar adelante la investigación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.