La Asoban emitió una postura con relación a las colocaciones que hace el Instituto de Previsión Social (IPS) en forma de certificados de depósito de ahorro (entre otros mecanismos) en el sistema financiero. Esto tras revelarse que el empresario Aldo “Acero” Zuccolillo recibió 32 millones de dólares de la previsional para depositar en su bando Atlas. La colocación de este monto le estará generando a una de las empresas del dueño del diario ABC Color, unos G. 31 mil millones en concepto de ganancias.

Sin embargo, el empresario critica duramente el crédito de US$ 67 millones otorgado por el IPS a la empresa telefónica Tigo, porque considera que va en contra de sus intereses económicos desconociendo la salud financiera de los fondos jubilatorios.

Al respecto, Asoban lamentó que los medios periodísticos (específicamente el diario La Nación) cuestionan esta colocación del dinero, ya que el IPS coloca sus fondos utilizando la metodología de licitación de fondos en el sistema financiero local, y que esto es “el destino natural”.

En cuanto al préstamo a la telefonía, que es competencia directa de la otra empresa de Zuccolillo (Personal), la asociación de bancos expresó que desde el punto de vista financiero/legal esperan que la operación cumpla con todos los parámetros que IPS tiene para la colocación de los fondos.

“A nuestro entender el IPS debió publicar el reglamento para estas operaciones para que todas las empresas interesadas pudieran tomar conocimiento y visualizar si califican”, reza parte del escrito difundido.

Así también, agrega que es preocupante que desde instancias gubernamentales se fomente lo que se conoce como “banca en la sombra”, consistente en operaciones fuera de las regulaciones financieras.

INCOHERENCIA DE ZUCCOLILLO

Por su parte, José María Agüero Halley, director-gerente general del Grupo Nación de Comunicaciones, contestó la misiva de Asoban mediante una nota, a través de la cual aclara que no se cuestiona la colocación de los fondos de IPS en el sistema financiero; pues siendo una entidad pública tiene un sistema competitivo para hacerlo; cuando se trata de pares como son los bancos y financieras que lo integran.

“Lo que se cuestiona es la actitud del dueño/accionista de un diario; de un banco y de una telefónica que pretende confundir a la opinión pública, para defender su negocio y su mercado, intentando impedir que IPS gestione mejor y más eficientemente sus riesgos en la colocación de fondos jubilatorios”, resaltó.

Agüero sostuvo que desde el medio periodístico no acompañan la postura del gremio, con relación a una banca de sombra. “Somos testigos de los esfuerzos que se han realizado desde el Gobierno Nacional para dotar de mayores atribuciones legales al Banco Central del Paraguay para poder combatir con mejores herramientas toda actividad de intermediación financiera en la sombra”, indicó.

El gerente de La Nación puntualizó que IPS no es un banco ni realiza intermediación financiera; es un ente previsional que debe generar renta, en condiciones de seguridad; garantía y rentabilidad; a través de cualquiera de las formas que la ley le permita.

A CONTINUACIÓN AMBOS ESCRITOS

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La decisión fue tomada luego del violento y millonario atraco a la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF) en Natalio el sábado pasado, donde delincuentes se llevaron unos G. 1.000 millones.

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La declaración de emergencia regirá hasta tanto se dote de mayor cantidad de efectivos policiales para las distintas unidades policiales zonales. Además, instan a las autoridades a ejecutar acciones y programas innovadores de seguridad pública en este departamento.

El robo en Natalio se suma a lo ocurrido a la sede del BNV en Yatytay años atrás, además, el atraco al Banco Regional en Pirapó, todos con las mismas características.

Por su parte, el presidente de la República, Santiago Peña, mencionó a los medios de prensa que destinará todos los recursos necesarios para resguardar la zona.

Asimismo, la Comandancia de la Policía Nacional dispuso el envío de unos 100 efectivos adicionales al departamento de Itapúa para reforzar a las comisarías, según informó el viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Oscar Pereira.

Se trata de una amplia gama de productos agrícolas frescos y de calidad, directamente de los productores de varios puntos del país a los consumidores.

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Se llevará a cabo este martes 30 de abril en el Paseo 1811 ubicado sobre la ruta Mariscal Estigarribia, en la Dirección de Comercialización del MAG en San Lorenzo y en la explanada del Palacio del Congreso Nacional.

Los productores ofrecerán una variedad de productos frescos, desde frutas y verduras hasta productos lácteos y carnes. En ferias anteriores, los productos más demandados incluyeron queso; carne de cerdo, cabra, oveja, gallina y pato; harina de maíz; huevos; entre otros.

Esta actividad se realiza constantemente y tiene como objetivo promover la agricultura familiar, apoyar a los agricultores y ganaderos, y fortalecer la economía rural del país.

El MAG invita a todos los ciudadanos a participar en estas ferias de 7:00 hs hasta agotar stock, y disfrutar de los productos frescos y de alta calidad que ofrecen los productores locales.

El intendente fue imputado por intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo. El proceso contra Carlos Echevería es en el marco de la investigación por la muerte de Sara Nilde Benítez (48) y Nilda Luján Barrios Benítez (21), quienes fueron arrastradas el miércoles 24 de abril por el caudaloso raudal al cauce hídrico en cercanías del club Balderrama.

Una de las mujeres murió por ahogamiento, en tanto la otra, como consecuencia de un severo trauma de cráneo.

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Según el acta de imputación, existen suficientes elementos que evidencian las deficiencias en el sistema de seguridad vial (nula señalización de advertencias de peligro e instalaciones de protección a peatones y vehículos, además de carencias de barreras de protección eficaz ante raudales).

Los fiscales del caso indican además que el intendente es la persona responsable de dirigir y ejecutar obras para la seguridad vial de la ciudad, por lo que no habría realizado las debidas diligencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular y peatonal.

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Cabe mencionar que este lunes, una comitiva de la Unidad Penal n.º 2, de la Fiscalía de Luque, supervisada por el agente fiscal Jorge Escobar, allanó la sede de la Municipalidad de Luque, de donde recabó varias documentaciones (notas, aprobaciones, resoluciones) en dos cajas y lacradas que estarán sujetas a una pericia.