El periodista David Escobar Moreno, de El Espectador publicó sobre la inédita manera en que mataron al fiscal Marcelo Pecci. A continuación el texto publicado.

El asesinato del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, en la isla de Barú, generó gran revuelo en todo el continente. Además del grave hecho contra el funcionario que adelantaba importantes casos contra las mafias en su país, también llamó la atención un hecho que rodeó la escena del crimen: que los sicarios que lo atacaron iban en un jet ski o moto acuática. El Espectador se contactó con varias fuentes de la Fuerza Pública especializadas en crimen organizado y narcotráfico, que señalaron que este tipo de crímenes, a bordo de vehículos acuáticos, no tienen precedentes en Colombia.

Sin embargo, dos fuentes, una de inteligencia policial y otra de la Armada, aseguraron que esta clase de crímenes se han perpetrado en México durante los últimos años en medio de las disputas entre carteles de ese país. “Sí había escuchado casos en México, pero aquí no. Recuerdo que un colega de la Armada mexicana contaba que allá hubo casos porque se mata a la víctima en un lugar en el que cree que está seguro. También porque huir es más fácil para los criminales y reaccionar a ese tipo de hechos es más difícil para las autoridades. Se vuelan más rápido”, dijo un alto oficial de la Armada.

Sobre el caso Pecci todavía no hay mayores detalles. La Policía difundió una imagen y un retrato hablado de uno de los presuntos responsables del crimen, quien al parecer estuvo en el momento en que se alquiló la moto acuática que transportó a los sicarios. Durante una rueda de prensa, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, anunció una recompensa de $2.000 millones a personas que entreguen información y oficiales de la Policía viajaron a Paraguay para intercambiar información para dar con la captura de los asesinos de Pecci.

Los ataques en jet ski

Uno de los primeros casos reportados en México se produjo en el estado de Guerrero en 2016. En ese momento, la Policía informó que en el puerto de Acapulco fue asesinado un vendedor de playa por dos hombres que se movilizaban en un jet ski. En los últimos meses, también en las playas turísticas del estado de Quintana Roo, se presentaron homicidios de este tipo. El que más causó revuelo fue el del empresario argentino Federico Mazzoni, en enero de 2022. Este hombre era conocido en el municipio de Playa del Carmen por ser el gerente del conocido Mamita’s Beach Club y por tener buenas relaciones en la industria turística.

Versiones preliminares indican que dos sujetos llegaron hasta el interior de las instalaciones del club, abordaron a Mazzoni cerca de un baño e instantes después uno de ellos le disparó a quemarropa en dos ocasiones. El asesinato del ciudadano argentino se produjo después de un ataque, sin heridos ni muertos, en una concurrida playa en Cancún, en diciembre de 2021. Además, meses antes de este hecho, dos vendedores locales fueron asesinados en Playa Tortuga, Cancún, y una mujer estadounidense resultó herida en el fuego cruzado. Todas las huidas se realizaron en estos vehículos acuáticos.

El portal periodístico especializado en crimen organizado Insight Crime señaló en febrero, pocos días después del asesinato del empresario Mazzoni, que “varios de estos asesinatos en motos acuáticas imitan la clásica estrategia terrestre, en tanto hay un atacante que dispara y un conductor que se moviliza en una motocicleta. Aunque en los ataques por agua los sicarios se ven obligados a bajarse y llegar hasta la orilla, cuentan con la misma rapidez de un ataque en motocicleta, con el beneficio adicional de que la policía queda en la orilla”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.