Darío Arámbulo, dario.arambulo@nacionmedia.com

El abogado Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental en Paraguay (IDEA), destaca la importancia para la democracia de contar con la Ley Nº 5282 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental que se promulgó en el 2014.

–¿Cómo nace en Paraguay el derecho de acceso a información pública?

–El derecho a la información pública está consagrado en el Artículo 28 (del Derecho a Informarse) de la Constitución, si no lo estuviera se desprende de los artículos 26 y 29 (de la Libertad de Expresión y de Prensa, y de la Libertad de Ejercicio del Periodismo) donde se establece y se garantiza la libertad de expresión. El derecho al acceso a la información pública está sustancialmente unido al derecho a la libertad de expresión, necesitamos acceder a información para poder compartir o divulgar nuestras ideas. Sin información solamente estamos compartiendo una opinión no informada.

 –¿Qué importancia tiene para la democracia?

 –La misma importancia que tiene la libertad de expresión. No se puede concebir un régimen democrático sin la más amplia y razonable libertad de expresión, al punto tal que en su momento el Tribunal Europeo utiliza una metáfora muy interesante que dice que la libertad de expresión es cual “canario en la mina”. Los obreros ponían un canario en una mina, cuando había un exceso de gases tóxicos el canario moría y era la mejor advertencia de inseguridad porque dejaban de oírlo. Lo mismo pasa con la libertad de expresión, si no hay libertad de expresión, no hay democracia.

 –¿Por qué tardó tanto el proceso de tener una ley?

 –Porque al poder no le hace gracia que se acceda a la información pública. No es el mismo país, no es la misma relación mandante-mandatario con y sin una ley de acceso a la información. Lo que se pudo saber acerca del manejo de la cosa pública, del patrimonio de los funcionarios después de la Ley de Acceso a la Información es completamente distinto a lo que teníamos antes. Antes eran secretos a voces imposibles de verificar, hoy desde cuánto gana un funcionario hasta cuál es aproximadamente el patrimonio declarado y cómo se invierte el dinero público es accesible, con mayor o menor dificultad, pero eso hoy es accesible y exigible judicialmente.

 –¿Cuál es el balance que hace desde la implementación?

 –La implementación de la ley empezó bastante bien. El reglamento de la ley es muy bueno, es lo que ha permitido que exista el portal de acceso a la información pública, aunque había muchísimos más datos abiertos, hubo un inicio auspicioso que luego se fue ralentizando. Sin embargo, el derecho como tal existe, pero ha exigido mayor intervención del Poder Judicial para que sea efectivo. También el Ministerio de Justicia solía tener un rol un poco más activo y emitía opiniones, no vinculantes, pero que servían para orientar la interpretación de la ley, hoy eso no se hace. No obstante, hay mucha más transparencia que la que había antes.

 –¿Y la práctica desde los órganos públicos en los últimos tiempos?

 –En la práctica las instituciones lo toman como un derecho de segunda, no de primera, solamente cuando el tema es judicializado o es llevado a la prensa el sistema funciona. Por supuesto que eso es mejor de lo que había antes sin ley, pero en vista de ser óptimo le falta muchísimo todavía, pero la ley es una de las principales herramientas para el control ciudadano, es vital para la lucha contra la corrupción, permite un mejor control de la cosa pública. No es lo mismo estar opinando simplemente con rumores que con información pública.

 –¿Qué cambios sugeriría a la ley?

 –El proyecto de ley de acceso a la información conozco, porque tuve junto con otras organizaciones un rol activo, y que se presentó (ante el Congreso) no fue la ley que salió, fue la ley posible, no fue la ley ideal y requiere ajustes. Ese proyecto por ejemplo prevía lo que jurídicamente se conoce como astreintes, que es una multa diaria y progresiva para quienes no cumplen. Hoy esto queda en una sanción que no se termina de entender si es penal o administrativa y que pocas veces se ha aplicado, lo cual hace que las sanciones sean muy poco efectivas.

 –¿A cargo de quién queda la sanción?

 –No hay un órgano garante, tal vez sea bueno que lo hubiera o al menos un coadyuvante, una institución estatal que pudiera decidir en una suerte de primera instancia administrativa de forma electrónica y rápida si se debe o no entregar la información y, por supuesto, después la acción judicial si fuera el caso.

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 Faltan algunas cuestiones a definir en cuanto a interpretación que en este momento lo tiene la Corte Suprema de Justicia, uno como se cuentan los plazos y si son días hábiles o no, para interponer la acción judicial, nosotros entendemos que se cuentan solamente los días hábiles. Y otro muy importante son las costas judiciales, si es posible imponer costas judiciales a quien solicite información, esto es clave ya que hay una suerte de temor, la gente piensa dos veces antes de iniciar una acción judicial, porque está exigiendo un derecho por lo general de interés público y después tiene que estar pagando a abogados del Estado, parece un despropósito.

 –¿Y sobre alguna reforma del texto normativo?

 –Hay que tener mucho cuidado al plantear, no impulsamos muchas reformas legales por temor a que salga algo peor. Hoy por hoy con lo que contamos, más algunas interpretaciones judiciales que esperamos de la Corte, tenemos un razonable ejercicio del derecho de acceso a la información. Está a la vista el control que ejerce, sobre todo en la prensa con el tema de declaraciones juradas, creo que eso es clave, no importa el posicionamiento político, uno a otro se tira con declaraciones juradas y esto es muy sano para la democracia.

 –¿El papel de los órganos jurisdiccionales es clave?

 –Hoy tenemos una Ley de Acceso a la Información y hay cierto temor por parte de los funcionarios cuando se hace una solicitud de acceso a la información, porque saben que muchas veces cuando se judicializa hay órdenes judiciales que son favorables. Si no hubiera habido un pronunciamiento del Poder Judicial, y no digo solamente de la Corte, sino en general, tal vez no se tendría una ley. El Poder Judicial ha sido generoso en la interpretación de la Ley de Acceso a la Información, creo que eso es lo que debemos resaltar.

 –¿La evaluación final es que la ley es sumamente útil?

 –Todavía podría exprimir mucho más el jugo a la ley vía acciones judiciales, preferiría eso a que haya una reforma en un momento de tumulto político. Entonces yo la dejaría por ahora así como está y haría un llamado a la gente a utilizarla más, de todos modos se ha usado bastante, hay varias solicitudes por vía del derecho de acceso a la información pública que hoy es un derecho vivo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.