Por ALDO BENÍTEZ

aldo.benitez@gruponacion.com.py

FOTOS: FERNANDO RIVEROS

Siendo las 14:00 del 6 de junio del 2013, el directorio de la Metalúrgica Fernández se reunió en la sede de la empresa, ubicada en el km 16,5 de la Ruta 1, en Capiatá, para tratar un único tema: la venta y transferencia de acciones. Anyelo Paolo Fernández vendió sus acciones a su padre, Ángel Fernández Ozuna, presidente de la metalúrgica. Pero, como don Ángel Fernández no tenía dinero, decidió pagarle a su hijo con bienes de la empresa.

Así, maquinarias, muebles y otros pasaron a nombre de Anyelo Fernández. La operación se hizo bajo acta y fue aceptada por todos los miembros del directorio. Un mes después, el 5 de julio, el abogado Luis Leguizamón Storm, en representación de Metalúrgica Fernández, presentó oficialmente ante el juez de Capiatá, Manuel Gerardo Saifildin Stanley, el pedido para hacer la convocatoria de acreedores. ¿Qué significa esto? Es una solicitud para que la Justicia intervenga la empresa, principalmente, para ordenarla financieramente, pagar las deudas y luego ver su proceso de quiebra o salvación.

Pero, el magistrado Saifildin Stanley, que tuvo la rapidez de hacer ese mismo día el pedido de llamado –sí, el viernes 5 de julio del 2013– de reconocimiento judicial de la empresa en Capiatá y tanta celeridad para al lunes siguiente –8 de julio– aceptar la solicitud de convocatoria, no tuvo, sin embargo, la misma prestancia para designar al síndico de quiebras en este caso. Recién 8 meses después –y a pesar de que una condición exigida en la ley es dar participación al síndico lo antes posible– el abogado Camilo Benítez, designado por la Sindicatura, pudo tomar intervención en este caso.

EL INFORME PKF

El 19 de abril del 2013, la firma consultora PKF Controller Contadores y Auditores emitió un dictamen sobre Metalúrgica Fernández en carácter de auditor externo. Esto obedecía a que la empresa operaba en Bolsa y de acuerdo a las regulaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) –ente que ese mismo año sancionó a la metalúrgica–, el informe era un respaldo para que siga operando.

El dictamen de PKF Controller fue que Metalúrgica Fernández presentaba “razonablemente” sus estados financieros a diciembre del 2012. El 5 de julio de ese mismo año –a menos de tres meses del informe–, Metalúrgica Fernández hacía oficialmente su convocatoria de acreedores, invocando, entre otras cosas, dificultad para seguir manejándose por deficiencias económicas.

LAPIDARIO INFORME

Debido a que el síndico Camilo Benítez encontró enormes irregularidades en el balance presentado por Metalúrgica Fernández, en el que se basó el pedido de convocatoria de acreedores, solicitó la participación de un perito especializado, siendo designado Gustavo Ruiz.

Los informes, tanto de Benítez como del perito Ruiz, denunciaron una brutal serie de irregularidades en todo el proceso de convocatoria de Metalúrgica Fernández y que fue autorizada por el juez Saifildin Stanley. Desde deudas ocultas, pasivos inflados, acreedores inexistentes y una diferencia de G. 11 mil millones entre el balance presentado y el inventario de la empresa en cuanto a créditos a cobrar. Lo más llamativo del caso es que toda esta situación fue comunicada al Juzgado de Capiatá en su momento, pero todo siguió igual.

Metalúrgica Fernández, que empezó como un negocio de chapería y pintura en Ciudad del Este a finales de los años ‘90, se convirtió posteriormente en un gigante de la industria, llegando a ensamblar motos y autos. Desde el 2008 empezó a operar con capital abierto y a cotizar en la Bolsa de Valores de Asunción.

Con la convocatoria de acreedores en julio del 2013, todo parecía que terminaba y de la peor manera. Sin embargo, hasta hoy, Metalúrgica Fernández, prácticamente ya descapitalizada, sigue con su llamado a acreedores abierto, a cuatro años de iniciarse el proceso. Según la ley, este procedimiento no puede superar los 40 días. Esto sirvió para que bancos se queden sin recibir pago de millones de créditos otorgados, o con decenas de corredores de bolsas que compraron sus bonos o títulos de crédito y se quedaron sin nada. Pero este punto se irá develando en próximas publicaciones.

EL NACIMIENTO DE ASIA

El 20 de junio del 2014 nació la firma “Asia SA de mandatos”, que fija residencia en la Ruta 1, a la altura del km 16,5 en Capiatá. No solamente coincide con la dirección de Metalúrgica Fernández, sino que el principal accionista de esta firma es Anyelo Paolo Fernández, hijo del propietario de la metalúrgica y que, exactamente un año atrás, recibió como pago por sus acciones los principales bienes de la metalúrgica.

Los demás socios de esta nueva firma también son parientes de Fernández Ozuna, y varios de ellos aparecen, además, como principales acreedores de la metalúrgica. Esta arista, muy relevante, será profundizada en próximas entregas.

ESTAFA A DOCENTES

Metalúrgica Fernández aparece también como una de las empresas que integran un esquema preparado para la estafa y engaño, según las denuncias de miles de docentes y cuyas carpetas se amontonan en los escritorios de tres fiscales de Asunción.

La fiscal Teresa Sosa investiga al menos 500 casos de estafa a docentes indígenas a través de descuentos compulsivos de sus sueldos por parte de la metalúrgica citada. La representante del Ministerio Público, ante las numerosas evidencias encontradas, imputó a Ángel Fernández Ozuna, propietario de la empresa.

El esquema funcionó así: Los vendedores de Metalúrgica Fernández –y otras– le hacían firmar unas autorizaciones de descuentos en blanco a los profesores indígenas. Supuestamente, ellos se encargarían de “llenar” la documentación de acuerdo a la disponibilidad monetaria de cada educador. Sin embargo, a pocos meses de las transacciones, los docentes indígenas se quedaban sin poder cobrar un solo guaraní.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.