“Existe la percepción de que la marihuana, el cannabis, no genera daño, pero es la droga que nos está expulsando a más jóvenes de nuestras escuelas y nuestros colegios”, comentó Barreto tras una reunión entre autoridades antidrogas del Mercosur, celebrada esta semana en Asunción.

La directiva de la Senad precisó que en Paraguay se perciben “consumos muy evidentes de marihuana, de crack y de alcohol”, esta última sustancia habitual entre un 52 % de los paraguayos entre 12 y 18 años.

“Están entrando las drogas sintéticas y eso sí es un real tema porque en definitiva hay drogas sintéticas que no tienen cierta regularización en nuestras países; ese es el gran desafío actualmente, todo tipo de drogas sintéticas que está entrando en la región”, apuntó.

El consumo de drogas de los jóvenes en Latinoamérica entraña, a juicio de Barreto, un doble problema, en primer lugar, por el consumo en sí, y en segundo, porque el grupo de entre 12 y 18 años es el más grande en la pirámide de población.

Centrada en el caso de Paraguay, Barreto aseguró que las drogas no entienden de clases sociales, ya que existen sustancias “más sucias para el nivel más bajo” y otras “en el alto nivel”, que “no le exime de la peligrosidad”.

“Hay más diversidad de sustancias en las zonas de frontera, principalmente en la zona este y sur del país. Tenemos definitivamente drogas mucho más contaminadas con lo tóxico, más variedad y la edad de consumo es mucho más baja”, detalló.

“Paraguay sigue teniendo el déficit de un solo centro de atención de programa para esta enfermedad y está en la capital. Algunas familias tienen que migrar más de 400 o 500 kilómetros para venir, y el espacio y la cobertura es muy pequeña”, dijo Barreto para ilustrar la situación.

A eso, hay que añadir las listas de espera para los pacientes de “una enfermedad que no espera”.

Insistió además en la necesidad de que esta problemática se trate desde la perspectiva sanitaria, ya que “de lo contrario se judicializa” y aparecen “otros problemas añadidos”.

Consciente de las limitaciones, Barreto aseguró que se precisa mucho más presupuesto para luchar contra la adicción a las drogas y la iniciación del consumo.

“No debemos engañarnos con eso, no podemos ampliar cobertura, no podemos implementar a corto, mediano y largo plazo evaluaciones con el presupuesto que tenemos”, observó Barreto.

Por ese motivo, recalcó la necesidad de trabajar en cooperación, tanto regional como internacional.

“Hay que implementar programas que tengan evidencia científica. En prevención de tratamientos, estamos generando programas que puedan ser evaluables, ese es otro gran esfuerzo del Mercosur en este momento”, afirmó, y citó también la estrategia de trabajar en “territorios municipales” para estar más cerca de los problemas de las personas.

En el ámbito internacional, el Mercosur trabaja con la Unión Europea (UE) a través del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (Copolad).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.