POR ALDO BENITEZ (LA NACIÓN)

José Emmanuel Alarcón Espínola, más conocido como Manucho o Manu, no parece ser una persona que vio reducida su capacidad visual por la actitud que muestra. Alegre y derrochando optimismo, “Manucho” se animó a hablar con La Nación sobre lo que pasó la noche del viernes 31 de marzo, cuando salió de su casa con la idea de ir a ver qué pasaba en el centro de Asunción, pero volvió al día siguiente y sin un ojo.

“Estaba en casa y tengo que decirlo, yo le insistí a un amigo para ir a ver qué estaba pasando frente al Congreso. Antes de eso, había llegado de mi trabajo y estaba viendo por televisión lo que estaba pasando. La represión policial y los enfrentamientos. Yo quería ir a mirar por ahí si todavía pasaban cosas”, expresa. Fue así que convenció a su amigo y salieron de su casa.

“Manucho” tiene 28 años y le falta solamente la tesina para recibirse de veterinario. Vive con su familia en el barrio Ricardo Brugada, sobre la calle Caballero. Los incidentes con la Policía Nacional se registraron a escasas cuadras de su vivienda, sobre Caballero y Palma, en la zona del Ferrocarril. “Vi que había mucha gente sentada, como cansada. Era raro, después me di cuenta que estuvieron corriendo y que en realidad todavía habían problemas con la Policía. Habían policías de civil, algunos con esos uniformes especiales. Todo era muy peligroso”, explica.

“La Policía tiene que entender que como ciudadanos tenemos derecho de manifestarnos libremente, pero sin sobrepasarnos…”

Según “Manucho”, en un momento dado volvieron los enfrentamientos entre los efectivos policiales y el grupo de personas que había estado en la zona. Muchos de ellos eran estudiantes de diversas facultades, según se pudo saber. “En medio de una de las refriegas, me escondí detrás de un auto, en un momento me levanto como para ir de nuevo hacia mi casa y ahí siento el impacto en la cara, en mi ojo derecho”, señala.

Enseguida, el rostro se le llenó de sangre. “Manucho” se sentó en una de las veredas rotas y llenas de escombros, y empezó a limpiarse la cara con su remera. Del grupo de estudiantes que estaban cerca de él se le acercaron dos. Ambos eran de la Facultad de Medicina UCA y habían estado en la manifestación frente al Congreso. Le revisaron el ojo y uno de ellos le dijo que era algo grave, que se tenía que revisar urgente en algún hospital. “En principio no dimensioné, pero después de que ellos me dijeron que era algo grave, me dio un poco de susto”, cuenta.

Uno de los estudiantes alzó a “Manucho” en su auto y le trasladó desde el Ferrocarril hasta el Hospital de Clínicas, en San Lorenzo. “Era un estudiante que estaba con su novia, también estudiante, y fueron demasiado gentiles conmigo, me llevaron hasta Clínicas desde el centro, sin ningún problema, y en el camino me auxiliaban para que mi ojo vaya descansando. Se portaron demasiado bien conmigo”, señala.

Ya en el hospital, y después de varias pruebas, el diagnóstico fue irrefutable. Tenía un objeto metálico que le afectaba totalmente el globo ocular. Ante esto, era necesaria una cirugía de enucleación. Esto, en términos sencillos, significa la remoción quirúrgica del globo ocular. Intentar una operación para salvarle la vista podría haberle perjudicado la visión de ambos ojos, en corto o largo tiempo. “Manucho” decidió lo primero.

La versión de “Manucho” sobre el lugar donde se produjeron los incidentes confirma la alevosía con que la Policía operó esa noche del viernes y madrugada del sábado 1 de abril. Además de este caso, existen denuncias de secuestros exprés y en el recuerdo de todos todavía está latente lo que ocurrió en el local partidario del PLRA. Unos 20 agentes policiales atropellaron la sede del Partido Liberal y terminaron matando al joven dirigente Rodrigo Quintana. Por ahora, el único policía que aparece como el autor de los disparos que acabó con la vida de Quintana es el suboficial Gustavo Florentín, de 23 años.

Por de pronto, “Manucho” ya está asesorado legalmente y está impulsando una denuncia contra el Estado para resarcir los daños que le ocasionaron este caso. En primer lugar, al menos, que el Estado se pueda hacer cargo de la prótesis ocular que se le tiene que implantar en lugar de su ojo derecho.

Ninguna autoridad nacional, salvo de la secretaría del diputado liberal Édgar Acosta –que también fue víctima de la brutalidad policial frente al Congreso y actualmente está en tratamiento con diversas cirugías en el rostro– se comunicó con “Manucho”, al menos, para saber cómo está.

INSTITUCIONES FALLIDAS

Para “Manucho”, lo que se vivió entre la noche del viernes 31 de marzo y el 1 de abril en las inmediaciones del Congreso demuestra, por un lado, el hartazgo de la gente de una clase política que juega con la gente, y por otro, la forma en que las instituciones fallan o trabajan mal en nuestro país, como en este caso es la Policía.

“Hicieron del centro una zona liberada. Imaginate que desde el Congreso a mi casa hay como mínimo 12 cuadras y hasta acá estaban cerca, disparando y reprimiendo a la gente”, expone “Manucho”. Dice que le duele lo que está pasando en nuestro país, donde unos pocos buscan solamente su beneficio por encima del bien común.

“La Policía tiene que entender que como ciudadanos tenemos derecho de manifestarnos libremente, pero sin sobrepasarnos. Porque hay que decirlo, lo que pasó frente al Congreso fue aprovechado por varios para armar desastre. Aprovecharon la situación y empezaron a robar, a patotear, y eso tampoco es lo ideal”, dice.

Agrega que es triste que entre sectores de menor rango, como policías, estudiantes, trabajadores y otros, los paraguayos se maten por causas que parecen justas, pero que finalmente sirven para beneficiar a un mismo grupo de gente. “El sistema está podrido, nos matamos entre nosotros y hay un resto que se sigue riendo de nosotros”, señala.

LA VIDA SIGUE

La experiencia que vivió le sirve a “Manucho” para valorar ciertas cosas que están, pero que, en el trajinar diario, no dimensionamos. “Me hizo entender lo mucho que me quieren mis amigos, lo importante que es tener una familia que siempre está a mi lado, me hizo entender que no vale la pena tener rencor por nadie ni por nada”, expresa.

El domingo de mañana, después de todo lo que pasó, tras la preocupación de sus amigos, el cuidado de su familia y las preguntas incesantes de familiares, “Manucho” se despertó y vio en las noticias que Rodrigo Quintana falleció en el PLRA. Tenía ocho perdigones de metal en el cuerpo. Perdigones con características un tanto diferentes a los que a él le dejaron sin un ojo, pero disparados por la misma Policía. Pero “Manucho” se despertó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.