Por Rossana Escobar y Darío Arámbulo

En los últimos cuatro años del gobierno de Mario Abdo Benítez, las organizaciones criminales instaladas en Paraguay ya han exportado drogas por aproximadamente US$ 5.650 millones, costo evaluado solamente en cargas que fueron incautadas por agencias internacionales de seguridad de América Latina y Europa. Empero, un eje central de la narcoexportación de cocaína ha sido el envío de cargamentos a través de los puertos fluviales donde el control de la administración pública es nulo.

Tras consultar varias fuentes, desde agentes de los órganos jurisdiccionales, antidrogas, funcionarios y agroexportadores, se observa que existe un circuito simulado de control de los contenedores que llegan a los muelles para ser embarcados a distintas partes del mundo.

Hoy los cárteles con asiento en Paraguay tienen como objetivo principal enviar narcóticos al viejo continente y lo consiguen aprovechando las “facilidades” que ofrecen los puertos nacionales para que a través de la hidrovía Paraguay-Paraná llegue la droga a los atracaderos europeos.

Las averiguaciones realizadas por el equipo de Investigación de Nación Media revelan que, una vez en el puerto, la Dirección Nacional de Aduanas desaparece del proceso y los contenedores quedan a merced de las estructuras criminales.

EL CIRCUITO

Según varias fuentes, los contenedores ya salen de los depósitos de las empresas exportadoras con un precinto de seguridad que coloca la naviera que contratan. Al llegar a los puntos de acceso a los puertos, existen dos caminos, los que tienen “canal verde” (container sin carga sensible o sin destino sospechoso) que pasa directamente al predio, y el “canal rojo” (mercadería sensible) que necesariamente debe pasar por el escáner de Aduanas.

Un dato importante para destacar es que desde el 2021, tras la oleada de cargas de “cocaína made in Paraguay” incautadas en los puestos de Alemania, Países Bajos, España y Portugal, la Dirección Nacional de Aduanas empezó también a colocar precintos de seguridad a los contenedores como una doble seguridad, por lo que hace un año que los containers que ingresan a los muelles llevan doble precinto.

Ahora bien, una vez que los contenedores pasen el puesto de control aduanero, sea por el canal verde o rojo y el depósito haya sido escaneado y se confirme que la mercadería esté limpia, el producto a exportar queda a disposición del crimen organizado porque ya las autoridades gubernamentales han concluido el circuito de control.

EMBARQUES DE FIN DE SEMANA

Fuentes del rubro explicaron que las mercaderías se despachan de lunes a jueves, días en los que se verifica que todas las documentaciones estén correctas, y de viernes a domingo los buques o barcazas de las navieras recorren los distintos puertos para ir embarcando los contenedores. Sin embargo, comentan también que un contenedor puede pasar días e incluso semanas en el predio de los puertos hasta el momento de estibar.

Agentes y ex agentes de los organismos de seguridad explican que, en la mayoría de los casos registrados, son en esos días de espera cuando ocurren las contaminaciones de las cargas, pues en teoría, afirman, nadie debería tocar más el contenedor una vez despachado y a la espera de ser embarcado.

Uno de los funcionarios entrevistados por este medio indicó también que dentro de los puertos ocurren la mayoría de las vulneraciones de los contenedores, alterando la carga original, ya que asegura que algunos precintos son fáciles de violentar o, en todo caso, renuevan con la complicidad de algún burócrata corrupto.

Además, las fuerzas públicas no tienen control de operaciones en estas zonas; además, el 80% de los puertos fluviales de Paraguay son de empresas, o sea propiedad privada.

En cambio, la Dirección Nacional de Aduanas no deja de tener responsabilidad en esta situación porque es el órgano gubernamental autónomo, facilitador del comercio internacional, y a la institución que se le confiere la competencia para la aplicación de la legislación aduanera en la fiscalización y control en el ingreso, egreso y circulación de mercaderías.

Todo este caos se da en medio del destaque que le da el presidente de la República a la incautación en Paraguay de 37 toneladas de cocaína mientras que en el mundo decomisan aproximadamente 57 toneladas de la droga.

CUANDO ABREN

Por último, explican los entrevistados que las únicas posibilidades que existen para se abra un contenedor es cuando se haya observado algo sospechoso durante el escaneo o que instituciones como la Senad o la Policía alerten sobre alguna información de inteligencia a los funcionarios de Aduanas.

Para la apertura de un container deben ser convocados los dueños de la carga o, en-su defecto, el despachante, Aduanas y responsables de las fuerzas públicas. Pero incluso agentes de inteligencia reclaman que la apertura de un depósito sospechoso no se da de forma inmediata, y son los funcionarios aduaneros quienes fijan el día y la hora de la revisión.

COMPRA URGENTE DE ESCÁNERES, EN LA NADA

El director de Aduanas, Julio Fernández, ya en abril del 2021 había anunciado con gran destaque la intención de comprar 10 escáneres de contenedores y realizar una inversión de US$ 30 millones.

“En reunión con el presidente Abdo Benítez hemos coincidido en la urgente necesidad de fortalecer los controles el tema una vez más. Ahora tenemos el pedido expreso del Presidente de buscar soluciones y acelerar la compra de 10 escáneres para aumentar la eficacia de la lucha contra el crimen organizado, especialmente en materia de narcotráfico y contrabando”, habían indicado en su momento desde el Palacio de López.

Pero a un año y cuatro meses de aquel anuncio, la institución a su cargo aún no logró cerrar la licitación de compra e incluso una se declaró desierta y bicicletea con un escáner adquirido en el 2019. En el actual proceso licitatorio Aduanas prevé invertir G. 70.850 millones para comprar dos equipos móviles de rayos X de alta energía, pero recién para la próxima semana tienen marcado empezar la recepción de ofertas.

Es importante señalar que el cientista social y analista de seguridad Carlos Peris había dicho a nuestro medio que la sola adquisición de escáneres era una medida simplista porque las contaminaciones incluso se dan dentro de los predios, pero aun así el Gobierno no ha cumplido con la medida parche anunciada.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.