La distribuidora de asfalto Aldia SA, empresa declarada por el presidente Mario Abdo Benítez, ostenta el cuasi monopolio del rubro de acuerdo a los datos obteni­dos por “La caja negra”. En el 2016, la empresa Aldia tenía apenas el 40% del mercado e importaba menos de 30 mil toneladas. Sin embargo, en el año 2021, la empresa del Presidente manejó el 60% del mercado de asfalto e importa por valores cerca­nos a 80 mil toneladas. Tes­timonios de competidores del rubro aseguran que desde que Marito llegó a la Presi­dencia y comenzó el “boom” de obras públicas, su empresa comenzó a registrar un cre­cimiento exponencial, asfi­xiando a los demás competi­dores del rubro.

El modus operandi imple­mentado en el Ministerio de Obras Públicas durante la administración de Arnoldo Wiens para ganar licitacio­nes de obras consistió en apli­car la regla de “ser cliente de la empresa de asfalto de Marito”. “La caja negra” obtuvo testimonios exclusi­vos de otros proveedores del rubro de asfalto quienes ase­guran padecer la asfixia gene­rada por parte de la empresa presidencial. La firma Aldia SA ofrece el asfalto más caro del mercado, incluso lle­gando a 80 dólares más por tonelada; sin embargo, es la proveedora favorita contra­tada por las empresas viale­ras que más contratos tienen con el MOPC.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, utiliza como bandera política los kilómetros de asfalto durante su gobierno y se jacta a la vez de no tener ningún contrato con el Estado paraguayo; sin embargo, evita mencionar que su empresa proveedora de asfalto creció en un 450%, según registros de la Direc­ción Nacional de Aduanas hasta el 2021.

Las estadísticas de Adua­nas muestran que en los años 2018, 2019 y 2020 las cifras de importación de la firma Aldia SA se incre­mentaron con promedios de crecimiento en torno a los G. 50 mil millones anua­les. Fue así que de G. 23.515 millones en importación de asfalto en el 2018, las com­pras de la firma del Presi­dente llegaron a G. 127.206 millones en el 2021; esto equivale a un incremento de 450%, una importante diferencia.

Durante la actual adminis­tración, la empresa del man­datario se posicionó en su gobierno como el primero en el ranking de importacio­nes. Se puede ver que tuvo un vertiginoso aumento en el año 2018, mientras los principales competidores comenzaron a caer brusca­mente y otros mantuvieron sus promedios. Los gráficos de porcentajes del mercado y volumen de importación muestran el crecimiento exponencial de la empresa de Marito, y esto deja en evi­dencia que al Presidente le fue muy bien en estos años.

En coincidencia, se dieron las más jugosas licitaciones del Estado para el sector de las obras viales. Y casual­mente, las empresas que más contratos tienen con el MOPC son las que compran el asfalto de Aldia.

Cinco empresas son las que se llevan la mayor porción de la torta en la actualidad, con millonarias adjudica­ciones en el Ministerio de Obras Públicas. Las mimadas del gobierno de Abdo son la constructora Ocho A de Luis Alberto Pettengill; Constru­par SA, representada por Car­los Benítez, Cinthia Benítez, Guillermo Mas Metz y Sergio Rubén Samudio; CIV SA, de Isacio Vallejos; CDD Cons­trucciones SA, que es la con­tratista de César Daniel Del­gado; y EDB Construcciones, del empresario Enrique Díaz Benza (ex suegro de Marito Abdo). Todas ellas deben necesariamente comprar una cierta cantidad de asfalto de la empresa de Marito.

EL MODUS OPERANDI EN EL MOPC

La condición no escrita para hacerse de las grandes lici­taciones sería la correspon­diente compra del producto de Aldia SA, caso contrario no se logran los contratos con el Estado paraguayo. Por ello, según información facilitada por competidores del rubro, casi en simultáneo se firma el contrato de la licitación pública y del contrato privado con la empresa del mandata­rio para la correspondiente provisión de asfalto. Este modus operandi no existía antes que Abdo llegara al poder, ya que regían las reglas del libre mercado.

Los demás distribuidores de asfalto inclusive llegaron a ofrecer a las constructoras cotizaciones con 80 dólares por debajo del precio de Aldia SA, pero aun así no lograron colocar sus productos, aten­diendo que la garantía para los contratos en el MOPC es comprar a la empresa del Pre­sidente. Esto termina distor­sionando el mercado.

Otro dato no menor es que hoy tienen preferencia de cobros los clientes de Aldia, atendiendo que solo estas vialeras están recibiendo los desembolsos en el MOPC por la deuda que asciende a casi 400 millones de dólares. De esta forma, no se corta la cadena de pago de las con­tratistas a la empresa pro­veedora de asfalto de Abdo; mientras que los demás via­leros que compran de otros proveedores se están viendo en figurillas al no formar parte del grupo privilegiado.

Como si todo eso no fuera poco, se suma que el hermano del gerente de la empresa Aldia SA es nada más y nada menos que el jefe de Suminis­tros del MOPC. Édgar Darío Morán Brizuela es el direc­tor de Bienes y Suministros del MOPC. Está en ese cargo desde febrero del 2019, por lo que ingresó de la mano del ex ministro Wiens. De acuerdo a su declaración jurada, entre el 2014 y el 2019, este funcio­nario creció su patrimonio en 1.000 millones de guaraníes.

Así el rubro de negocios declarado por el presidente de la República cierra su cír­culo perfecto con la venta de asfalto a contratistas de rutas. Ante el total de rutas y kilómetros asfaltados por este gobierno, y el conside­rable aumento de las impor­taciones de asfalto de la empresa de Marito, se presu­pone que todo el asfalto utili­zado para la construcción de esas rutas fue proveído por Aldia SA, la gran beneficiada con el “boom” actual de las obras viales.

LAS MEGAOBRAS PARA LOS CLIENTES PRESIDENCIALES

La constructora Ocho A de Luis Alberto Pettengill Vacca llevó adelante la megao­bra de la ruta Bio­ceánica, mediante el Consorcio Corredor Vial Bioceánico, integrado con la constructora Queiroz Galvão de Brasil. Las mis­mas se encargaron del pri­mer tramo que une las ciu­dades de Carmelo Peralta y Loma Plata en el Chaco paraguayo, cuya inversión fue de US$ 445 millones.

Otra importante obra a su cargo es la del diseño, finan­ciación, construcción, man­tenimiento y operación de la Ruta PY02, bajo el consorcio Rutas del Este, junto con la empresa Sacyr de España. La inversión total asciende a más de US$ 540 millones.

Estas son dos de las obras más importantes que tiene a su cargo esta empresa para­guaya, cuyo responsable es el poderoso empresario Pet­tengill, quien es cercano a la familia presidencial.

La firma Construpar SA fue adjudicada en marzo pasado en el llamado MOPC N° 02/2022 con ID N° 404.976 donde los servicios solicita­dos incluyen la elaboración del Diseño Final de Ingenie­ría del puente sobre el río Monday (Fase A) y la cons­trucción del mismo (Fase B); consorciada con la empresa Heisecke SA presentó una oferta de G. 132.753 millo­nes (19 millones de dólares).

En septiembre esta empresa fue adjudicada en el Lote 1 de los cuatro lotes del Lla­mado MOPC Nº 93/2022, que incluye la denominada Ruta del Pro­greso en el departamento de Misiones. El monto a des­embolsar por este trabajo es de G. 77.203 millones (10 millones de dólares).

También en el pasado, el entonces ministro Arnoldo Wiens firmó contrato con el Consorcio Avanza Chaco (integrado por Ocho A SA – Tecnoedil SA Construc­tora -Construpar SA) para la construcción de las obras del Lote 3 de los tramos 1 y 2 de la Transchaco, compren­dido desde el kilómetro 173 hasta el kilómetro 250. La adjudicación otorgada por el MOPC a este consorcio fue por G. 565.011 millones (79 millones de dólares).

La empresa constructora CIV SA, de Isacio Vallejos, recien­temente se adjudicó el lote 4 del tercer tramo de la ruta Bioceánica por G. 669.514 millones, a través del Con­sorcio TCR. Así también fue adjudicada para los trabajos de rehabilitación en el lote 6 de la Ruta PY09 Transchaco, que abarca desde el km 390 al km 450. Este lote está a cargo del consorcio Boque­rón y el monto adjudicado fue de G. 413.888 millones.

CDD Construcciones SA, de César Daniel Delgado, junto con la Constructora Heisecke SA, de José Luis Heisecke, se encarga del puente Cha­co’i, por G. 789.417 millo­nes. También CDD junto con Benito Roggio fue adju­dicado para el Corredor Vial Botánico por G. 430.000 millones. Esta obra pre­sentó anomalías, como el hundimiento del asfalto, a solo 8 meses de su inaugu­ración. En tanto que recien­temente la empresa CDD se adjudicó el lote 3 de la Ruta Bioceánica por un monto de G. 464.527 millones.

Mientras que la empresa EDB Construcciones, represen­tada por Enrique Díaz Benza (ex suegro de Marito Abdo), se adjudicó hace poco el lote 1 del tercer tramo del Corredor Bioceánico, con una inver­sión de G. 485.505 millones.

También esta firma tiene en su haber el asfalto de una ruta del ramal que une los distritos de Choré y General Elizardo Aquino (departa­mento de San Pedro), la cual aún no fue inaugurada por el Gobierno y ya comienza a presentar fisuras importan­tes. Esta obra posee un presu­puesto de G. 63.976 millones, la construcción comenzó en el año 2019 y tenía un plazo de 15 meses, pero aún no se entregó y ya se encuen­tra destruida en ciertos tra­mos. Los pobladores recla­man el trabajo de baja calidad con el asfalto que sería de la empresa de Marito.

Díaz Benza fue socio en sus inicios con Marito en el rubro de los asfaltos bajo la socie­dad denominada Creando Tecnología (Createc SA), conformada en 1998 por Abdo con su ex esposa, Fátima Díaz Benza.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.