De acuerdo con los datos oficiales, los únicos ingresos de fuente 10 (recursos de tesoro) que recibe la UNA son destinados al pago de salarios y esto representa aproximadamente entre el 75-80% del presupuesto de la institución, el 20% restante se dividen entre los ingresos de fuente 20 (recursos de crédito público) y fuente 30 (ingresos propios).

En 2017, sólo el 21% de los recursos de la Universidad correspondían a fuentes ajenas a los recursos del tesoro, mientras que en 2018 esto representaba el 22%. Para el ejercicio fiscal 2019, se estima que el porcentaje no supere el 25%.

Según el último censo realizado por la UNA en 2018, hubo 49.303 estudiantes matriculados para carreras de grado y 4.681 para posgrado. Además cuentan con 15.070 funcionarios, de estos 9.417 son docentes e investigadores, mientras que 5.653 se encuentran en el área administrativa.

En abril pasado, Zully Vera, entonces decana de la facultad de Ciencias Químicas, ganaba las elecciones y se convertía en la primera mujer rectora en 129 años de vida de la Nacional. Su lema en campaña era “#UNA Transparente e Innovadora”, pero hasta el momento no aparecen los datos oficiales correspondientes al 2019 en cuanto a la “obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”, apenas se tienen datos preliminares que fueron actualizados por última vez en marzo del corriente.

COMO SE MANEJÓ LA PLATA

Además, respecto al cumplimiento de la Ley 5189/2014, la Universidad Nacional de Asunción recién en 2017 empezó publicar su información sobre utilización de recursos públicos de manera parcial. La web principal de la institución cuenta con una serie de “boletines estadísticos”, pero ninguno de ellos menciona cómo se manejó el dinero asignado a través del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN). Recién a partir del ejercicio fiscal de 2017 se tienen datos sobre porcentajes destinados a las diferentes áreas y nóminas completas de funcionarios y docentes con todas las bonificaciones que reciben, además de sueldos. A esto, hay que sumarle que no existe un histórico de nóminas publicadas en la página web, sino que la única disponible es la del 31 de julio del 2019. Es decir, desde 2016 para tras, no hay datos a disposición de la gente, a no ser que se solicite mediante portal de Acceso a la Información Pública (AIP).

Actualmente, la Universidad Nacional de Asunción se encuentra ante una situación de desigualdad salarial, es por ello que solicitan una reprogramación presupuestaria de G. 56.000 millones para poder alcanzar la nivelación que está contemplada en el art. 243 de la ley 6258/19 del Presupuesto General de la Nación. El plazo para la entrega de la solicitud de reprogramación es el 30 de septiembre. Hacienda asegura que su compromiso es exclusivamente financiar lo que está contemplado dentro de la ley, es decir G. 28.311.383.414 para el ejercicio 2019 y G. 56.622.766.828 para el año que viene.

A PROFESORES INVESTIGADORES NADA

De acuerdo con la cartera estatal, la Universidad Nacional de Asunción decidió que, además de los G. 28.000 millones para este año, procederán a la eliminación de cargos vacantes para alcanzar la nivelación salarial. Las vacancias representan G. 24.307.660.799 con efecto de sólo 6 meses. En total, se habla de G. 52.619.044.213 para la reprogramación. Hacienda sostiene que para el 2020, el monto de los cargos vacantes tendrá que ser duplicado y por ello, no aceptan esta propuesta.

La nivelación salarial será para docentes de aula y docentes de gestión, no así para docentes investigadores con dedicación completa. En lo que respecta al docentes de gestión, la rectora y el vicerrector recibirán aumentos de más del 60% en el sueldo base. Esto significa que el sueldo base de Zully Vera pasará de G. 7.623.000 a G. 12.800.000 y el de Miguel Torres de G. 6.316.100 a G. 10.300.000; también está contemplado un aumento de 63% y 71% para decanos y vicedecanos respectivamente.

En cuanto a docentes de aula, se tienen previstos aumentos que oscilan entre el 21% y el 60% en los salarios base, estos alcanzarán desde profesores titulares hasta auxiliares de cátedra IV, no así a profesores investigadores con dedicación completa.

BONIFICACIONES Y OTROS

Con los aumentos de sueldo, también se incrementan las bonificaciones. Actualmente, la rectora Zully Vera percibe G. 1.717.400 en concepto de Dietas, G. 7.045.700 por gastos de representación y G. 9.534.655 por gratificaciones y bonificaciones. La propuesta que preparó la Universidad implicaría aumentar el último beneficio a G. 12.899.705, por lo que el salario de Vera pasaría de G. 25.920.755 a G. 34.462.805, un incremento de G. 8.542.050 si le sumamos el adicional del sueldo base.

En el caso del vicerrector, Miguel Torres, se prevé un aumento de G. 2.589.535 en las bonificaciones y gratificaciones que recibe, por lo que al realizar la suma de todos los beneficios y el sueldo base, pasará de ganar G. 20.388.965 a G. 26.962.400, un incremento de G. 6.753.435.

Según datos del Ministerio de Hacienda, cada docente tiene en promedio 5 alumnos y el costo por alumno es de G. 28.000.000 al año. Con la ampliación presupuestaria, este costo se eleva a G. 30.000.000 por año, mientras que en las universidades privadas el costo por estudiante es de aproximadamente G. 10.000.0000.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.