La unión temprana y forzada es aquella en la cual una de las partes es menor de 18 años. En el país afecta a niñas y adolescentes: más de 16 000 de ellas conviven con un hombre adulto, según reveló el reciente estudio Invisibles a plena luz. Uniones tempranas y forzadas en Paraguay, impulsado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y Plan International, con apoyo del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

El estudio confirmó que existe una estrecha relación entre las uniones tempranas y el embarazo, la pobreza y el abandono escolar, factores que condicionan el desarrollo de la vida de miles de niñas y adolescentes paraguayas. Pese a ello, estas uniones son una práctica naturalizada que se da independientemente de las disposiciones legales. En este contexto, la campaña Invisibles a plena luz busca poner en la agenda pública esta problemática.

Por ley, la edad para contraer matrimonio en Paraguay es 18 años. No obstante, permanece sin modificación la excepción que habilita a personas a partir de los 16 años cumplidos a contraer nupcias con el consentimiento de madres, padres, tutores o, incluso —en caso de incapacidad o pérdida de la patria potestad de los mismos— de un juez.

Otra normativa que protege a las niñas y adolescentes es la Ley 6002/17, que modifica el artículo 135 del Código Penal Paraguayo (Ley 1160/97). Establece que los hombres “que refieren ser parejas” y se encuentran unidos a niñas de menos de 14 años se exponen a ser imputados por abuso sexual, con una pena privativa de libertad de 15 a 20 años.

VIOLACIÓN DE DERECHOS

Que niñas y adolescentes tengan uniones de hecho con adultos es visto como algo normal por amplios sectores de nuestra sociedad, incluso por las mismas familias y las niñas y adolescentes que aceptan la unión. Sin embargo, esta práctica se considera una práctica nociva y una violación de los derechos humanos y los derechos de las niñas porque las afecta fundamentalmente en su:

– Salud: se exponen a embarazos no deseados y prematuros que arriesgan su vida y del bebé, pues a esta edad el riesgo de sufrir complicaciones durante el parto es mayor.

– Educación: abandonan sus estudios para dedicarse al cuidado del hogar y de sus hijos.

– Protección: sus relaciones sociales y sexoafectivas son asimétricas, y se exponen a mayor violencia física, sexual y económica. De ahí que en ningún caso, una unión temprana o forzada puede considerarse una relación de pareja. Además, no tienen la madurez suficiente para asumir los roles de esposa y madre.

Las uniones tempranas también son consideradas una forma de violencia contra las niñas y adolescentes. Provocan un corte abrupto de la infancia y la adolescencia, y fuerzan el ingreso a una vida adulta en condiciones absolutamente precarias: sin educación, sin protección, sin oportunidades, sin futuro.

Las niñas y adolescentes en uniones tempranas provienen en su mayoría de familias que se encuentran en condiciones de pobreza o extrema pobreza, tienen baja escolaridad y pertenecen a comunidades indígenas y rurales. En muchos casos son forzadas a aceptar una unión con la esperanza de salir de la pobreza, pero ocurre lo contrario: sufren abuso sexual y maltratos, terminan con embarazos forzados, dejan la escuela, se alejan de sus amigas y su familia. Al abandonar los estudios, las oportunidades de un empleo formal son escasas, por lo que la pobreza y las desigualdades se acentúan.

¿CÓMO ENFRENTAR EL PROBLEMA

La campaña Invisibles a plena luz, cuyos mensajes se difunden a través de las redes sociales del UNFPA Paraguay y de Plan International Paraguay, pone énfasis en la necesidad de erradicar las uniones tempranas y forzadas aunando esfuerzos con el Estado y la ciudadanía.

Algunas recomendaciones para enfrentar este problema desde el Estado son: aumentar y mejorar la calidad de la inversión social para reducir la pobreza, ya que en Paraguay se invierte aproximadamente 2.000 guaraníes por día por adolescente -15 a 17 años- (según estimaciones al 2019 a partir del Informe del UNFPA sobre el Gasto Público Social en adolescencia y juventud).

Otra de las recomendaciones es establecer políticas públicas que eviten la deserción escolar y promuevan la reinserción educativa, ya que el 80 % de las niñas y adolescentes en unión se encuentra fuera del sistema educativo formal.

Asimismo, se recomienda fortalecer el sistema de protección de niñas y adolescentes; incidir en el sistema jurídico para que los casos de abuso sexual sean correctamente tipificados como hechos punibles; identificar nudos críticos en la aplicación de normativas de protección y brindar servicios de salud adecuados para niñas y adolescentes.

La ciudadanía, por su parte, puede contribuir con las siguientes acciones: empoderar a las niñas, informarles sobre sus derechos y fomentar su educación formal; brindar educación sexual a niñas, niños y adolescentes; comprender que las uniones entre un adulto y una niña son un hecho penado por ley y ante el conocimiento de esta práctica nociva, denunciar la violación de sus derechos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.