El ministro se refirió en concreto al grupo de manifestantes que se acercaron al Palacio de Gobierno con intención de entrar en el mismo, siendo impedidos por el cordón policial instalado.

“El hecho de atropellar el Palacio nada tenía que ver con lo que estaba sucediendo en el Parlamento, y esto es algo que tiene que llamar la atención de la ciudadanía”, dijo Villamayor, citado en un comunicado del ministerio.

Los manifestantes estaban liderados por el senador Paraguayo Cubas, del partido Cruzada Nacional, quien está sancionado con dos meses de suspensión de funciones y dietas por insultar este mes a varios legisladores.

Los hechos se produjeron después de que el Senado rechazara un proyecto de Cubas que proponía listas abiertas completas como alternativa a las denominadas “listas sábanas” que no permiten a la ciudadanía elegir de forma directa a sus representantes.

El Senado debatió otros dos proyectos para desbloquear las listas electorales cerradas, mientras que centenares de personas de diferentes grupos cívicos aguardaban en el exterior.

El mayor incidente se produjo cuando unas dos decenas de personas traspasaron la valla que separa la Plaza de Armas del edificio del Congreso, a lo que la Policía respondió con el lanzamiento de gases lacrimógenos.

En Ciudad del Este, segunda urbe del país, también se produjeron incidentes por parte de partidarios del desbloqueo de las listas sábana, que cerraron varias rutas, lo que obligó a suspender sus servicios a algunas empresas de transporte de la capital.

En ese sentido, Villamayor calificó de grave el cierre de rutas y criticó el accionar de la Policía Nacional al no garantizar el derecho a la libre circulación.

Al mismo tiempo, el ministro anunció que solicitará un informe a los responsables policiales de la zona ya que las instrucciones del Ministerio eran de no “permitir por ningún motivo el cierre de rutas”.

El desbloqueo de las listas electorales es una antigua reivindicación de varios grupos civiles que contemplan las listas cerradas como impulsoras de la corrupción y del prebendarismo.

La versión final aprobada por el Senado desbloqueaba el orden de los candidatos en las listas electorales e incluyó a la modificación del Código Electoral una moción que establece la paridad entre hombres y mujeres a la hora de la confección de las listas.

El proyecto pasó luego a Diputados, que casi de madrugada aprobó el desbloqueo, pero eliminó el apartado correspondiente a la paridad de género en la confección de las listas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.