“¿Cuál es el impacto real del COVID-19 en Paraguay? Desde el INE lamentamos el no tratamiento de la Ley de Financiamiento del Censo Nacional 2022 (con dictámenes favorables de Comisiones). Esto implicaría la interrupción de la serie histórica de 72 años”, escribió el director Iván Ojeda en su cuenta de Twitter.

Hace unas semanas, la Cámara de Senadores finalmente aprobó el proyecto que autoriza el contrato de préstamo de hasta 43 millones de dólares con el BID, para la financiación del Censo 2022.

Se trata del proyecto que aprueba el Contrato de Préstamo suscrito el 8 de julio de 2021, entre Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento del Programa de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional de Paraguay (INE), por un monto total de hasta cuarenta y tres millones de dólares (US$ 43.000.000).

El censo pretende llegar a 1.900.000 hogares y a 7.500.000 personas. Si todo marcha bien, el censo nacional se realizará en el segundo semestre del año.

Serán 73 preguntas divididas en diez capítulos, que van desde la localización geográfica de la vivienda, datos de la misma, migración internacional, cuánta gente vive en el lugar, estado civil, fecundidad, situación laboral, entre otros.

Datos del diario La Nación, indican que Paraguay cuenta hoy con una población de 7.353.038 personas aproximadamente y es clave entender cómo se encuentran los 3,4 millones de ocupados que forman parte de ese número.

Existe además un aproximado de 286.000 personas analfabetas que el censo podrá determinar su situación social y ubicación exacta. Sobre tasa de fecundidad los datos dicen que una mujer tiene un promedio de 2,4 hijos. En ámbitos laborales, por cada 100 personas que están trabajando, 55 están en situación de dependencia. Este bono demográfico tendrá un punto de inflexión en el 2040.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.