La campaña es lanzada en el marco del proyecto Plataforma Ciudadana por los ODS, que desde sus inicios se ha propuesto realizar acciones que permitan expandir el conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Paraguay, también sobre los compromisos internacionales de derechos humanos y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, de manera a sensibilizar y lograr sinergia entre los beneficiarios, organizaciones sociales, el sector privado y el Estado.

“Esta campaña nos invita no solo a soñar, sino que nos invita a creer que el Paraguay que soñamos y merecemos es posible, y que es necesario avanzar hacia ese país que nos proteja, que respete y asegure el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación”, expresó el abogado Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).  

La implementación de políticas sociales es la forma más directa a través de la cual el Estado puede reducir las desigualdades sociales y, por tanto brindar oportunidades productivas, desarrollando las capacidades individuales y asegurando la protección de las personas.

“En este contexto electoral, la participación ciudadana no se limita al voto. Tiene un importante componente de interpelación a los y las candidatas para que se pronuncien y visibilicen sus proyectos y planes sobre temas tan trascendentales como la desigualdad en la tenencia de tierras, la falta de oportunidades laborales, los problemas de desnutrición, el acceso al agua, los deficientes servicios médicos, la casi inexistente seguridad social, entre otros”, continuó explicando Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).  

Con esta campaña buscarán dar a conocer la existencia de las políticas sociales y la importancia que cada una tiene para nuestro país y así involucrar a la ciudadanía y a los futuros candidatos hacia un compromiso con la continuidad de las políticas sociales ya emprendidas y la creación de nuevas que permitan mejorar la calidad de vida de todas las personas del país. 

“Desde las organizaciones, buscamos por medio de esta campaña, que de forma simple y accesible, se pueda tener acceso a información concisa y clara sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la importancia de las políticas sociales para que se pueda alcanzar el cumplimiento de esos objetivos a largo plazo, y la imperiosa necesidad de que todos y todas nos involucremos en este proceso, comprometamos a los candidatos en este periodo eleccionario, y que aseguremos de esta manera, que nuestros nuevos gobernantes sigan trabajando para que estos objetivos sean una realidad”, refirió Cristina Coronel, del Serpaj (Servicio Paz y Justicia).

Durante el evento de lanzamiento se invitó a los presentes a escribir ellos mismos en unas pizarras cómo es el Paraguay con el que sueñan.

El Paraguay que nos merecemos es una iniciativa de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco con el apoyo de la Unión Europea y Diakonia. 

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.