El doctor Mazzoleni, ministro de Salud, visitó los estudios de la 970 AM, donde hizo un análisis general de su gestión a dos meses de haber asumido el cargo. Se refirió a diversos temas de relevancia en la cartera sanitaria.

Uno de ellos, fue el tema de los medicamentos vencidos, que a pocos días de haber asumido fue denunciado por el propio ministro. Mazzoleni había hablado de la existencia de unas 10 toneladas de fármacos caducados.

Actualmente, señaló que los mismos siguen en un proceso de identificación, verificación para poder proceder a la destrucción. “Nuestro desafío es que los medicamentos vencidos sean los menos”, indicó.

Sostuvo que estas 10 toneladas de medicamentos provienen de varias administraciones, y no exclusivamente de la última. “Hay medicamentos que provienen de diversas administraciones, yo en ningún momento señalé una administración particular, de hecho mi énfasis estaba en la debilitación del sistema”, subrayó.

Comentó que estos medicamentos están totalmente aislados y a la espera de destrucción. Aseguró que no existe peligro a que sean administrados a pacientes.

Con respecto a la situación de los insumos, señaló que el Ministerio está justo en dicho sentido. “Estamos haciendo una reingeniería administrativa a objeto de que no nos falte lo prioritario. Seguramente tendremos algunas dificultades este año, pero estamos haciendo para que lo esencial no falte”, precisó.

BALANCE DE LOS DOS MESES DE GESTIÓN

Con respecto a los primeros 60 días de administración, el ministro dijo que la cartera sanitaria es “sumamente compleja y con muchos frentes”. Señaló que la primera etapa pasa por ordenar la casa y pasar de la información recolectada en la etapa de transición, a la de la información precisa.

Señaló que los proyectos de plan de gobierno a corto plazo ya están desplegados. “El desafío es grande, pero la convicción para que esto vaya sumando también es grande”, agregó.

Acerca de la posibilidad de construcción de grandes hospitales en las cabeceras departamentales, Mazzoneli explicó que el problema principal es de recursos humanos.

En ese sentido, las medidas para paliar esa situación, es la de establecer redes de servicio. indicó el ministro. “La idea es que la gente necesite cada vez menos los hospitales de gran complejidad, que la mayoría de las cosas se puedan resolver en el primer nivel de atención”, dijo.

Abogó por seguir fomentando la alianza público – privada y que la natural debería ser con el Instituto de Previsión Social (IPS). Sobre esa situación, lamentó la contaminación política existente.

“Cuesta concienciar realmente a la gente que, la salud debe despojarse de la cuestión política”, concluyó el secretario de Estado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.