El titular de la Cavialpa explicó que esta situación preocupa teniendo en cuenta que existen muchas empresas del sector que ya están culmi­nando sus respectivas obras y se quedarán sin trabajar por­que no habrá nuevos proyec­tos que desarrollar.

“Las empresas deben mante­ner miles de personales y pagar cuentas a los bancos que finan­ciaron la compra de maquina­rias y tecnología para encarar los proyectos de obras”, explicó Sarubbi. Por su parte, el presi­dente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Daniel Díaz de Vivar, comentó que existen varias fir­mas del gremio que ya no cuen­tan con proyectos para ejecu­tarlos. “El año que viene será muy duro para nuestro sec­tor. Es necesario ver solucio­nes para paliar esa situación”, manifestó el presidente de la Capaco.

El Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones adeuda aproximadamente US$ 250 millones en concepto de eje­cución de varias obras enca­radas por las empresas con­tratistas.

El Ing. Paul Sarubbi explicó que el atraso de pago genera una serie de situaciones que repercute en una ralentiza­ción de la ejecución de las obras públicas.Detalló que ante la falta de recursos, varias firmas proveedoras tienen dificultades en pro­veer materias primas para que las constructoras enca­ren sus respectivas obras, lo que se refleja en una dismi­nución en la ejecución de los trabajos que realizan. “Esta­mos pendientes de un prés­tamo programático de US$ 100 millones que se encuen­tra en el Congreso Nacional. Hasta el momento no sabe­mos si será o no aprobado, mientras seguiremos aguar­dando”, explicó el titular de la Cavialpa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.