El 4 de febrero del año 2021 el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría forense realizada por la Conmebol en la que se señalaba una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de USD 6 millones, pese a que sobre el exdirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la Justicia norteamericana.

El arranque de la investigación contra los directivos del banco Atlas cumplió dos años en febrero pasado sin que hasta ahora se registren avances en las pesquisas ni imputaciones. Los fiscales asignados a la causa fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, quienes tropezaron con dificultades de toda índole debido a las fuertes presiones que ejerce el grupo Zuccolillo a través del diario Abc Color, para evitar que la causa avance.

La Fiscalía intenta reconstruir la ruta del dinero de Leoz para lo cual solicitó información al banco Atlas sobre las operaciones comerciales, movimientos, recibos y pagos de dinero realizados por Nicolás Leoz desde el año 2001. El objetivo es obtener la reconstrucción de la ruta del dinero y determinar si el banco cumplió o no con la aplicación de mecanismos antilavado. Los directivos del banco negaron esta información al Ministerio Público.

Por su parte, el Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, instituciones claves en la prevención y lucha contra el flagelo de este crimen en nuestro país, no han colaborado suficientemente en la investigación penal contra el banco Atlas. Los directivos del banco Atlas fueron sometidos a una verificación in situ por parte de la Superintendencia de Bancos (BCP) sospechados de no aplicar mecanismos de prevención de lavado de dinero.

El Banco Central hasta el momento no remite las conclusiones tras esas diligencias de supervisión a las que, supuestamente, fue sometido el banco Atlas. Desde el 30 de mayo del año 2022, fecha en que se comunicó al Ministerio Público el inicio de la inspección, no se tiene el reporte final de dichas acciones.

Por su parte, fuentes de la investigación aseguraron a “La caja negra” que las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, durante la administración de Carlos Arregui, no proporcionaron a la Fiscalía toda la información solicitada al respecto. Se limitaron a asistir a una reunión, a instancia de los fiscales del caso, pero luego ya no hubo buena comunicación ni aportes entre ambas instituciones. Con la ida de Alcaraz a la Seprelad, temen que se destrabe el caso pendiente.

En febrero pasado, un Tribunal Federal de Nueva York (EE. UU.) inició un juicio a dos antiguos ejecutivos del conglomerado estadounidense 21 Century Fox y la empresa uruguaya de marketing deportivo Full Play, por su implicación en el escándalo de corrupción “FIFAGate”.

En el nuevo juicio se discutieron hechos que afectan a entidades bancarias que participaron en actividades de lavado de activos. Todos los hechos fueron acreditados e incluso admitidos por algunos bancos. Estos casos confirman los hechos que se le imputaron a Nicolás Leoz (soborno y lavado de dinero) y que determinaron su perfil de alto riesgo al momento de negociar los millonarios contratos de fideicomiso con el banco Atlas que lograron blindar parte de su dinero sucio.

DIRECTIVOS DE ATLAS ADMITIERON OPERACIONES CON PLATA SUCIA Y DEVOLVIERON PARTE DEL DINERO LAVADO

El banco Atlas admitió, vía comunicado, que operaron con fondos de Nicolás Leoz y sus familiares directos desde el año 2002. También confirmaron haber recibido requerimiento en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía del distrito este de Nueva York, en el caso conocido públicamente como “FIFAGate”.

Específicamente, banco Atlas recibió una nota enviada por correo electrónico el 12 de agosto de 2016 por el estudio jurídico privado Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, contratado por la Conmebol, solicitando información relevante para una investigación sobre exempleados y fondos de la Confederación.

El requerimiento de la Justicia norteamericana fue enviado en el contexto de la auditoría forense realizada en estricto cumplimiento de las normas establecidas por la Fiscalía de EE. UU., para su utilización en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía de Nueva York, en el marco del caso “FIFAGate”. El banco Atlas, a través de su director Miguel Ángel Saldívar, se negó a proveer información sobre operaciones de sus clientes escudándose en el secreto bancario establecido en la ley.

El banco del grupo Zuccolillo omitió informar que también recibieron requerimientos por parte de la Justicia paraguaya, solicitud a la que se negaron a responder, por eso la Fiscalía tuvo que proceder a un allanamiento a la sede de la entidad bancaria, el 21 de abril del año 2021, para obtener información relevante en el marco de la causa por presunto lavado de dinero.

La Conmebol informó en su congreso ordinario del 11 de noviembre del año 2020 que había logrado recuperar unos USD 55 millones de Nicolás Leoz y del argentino Eduardo Deluca, de los cuales, según declaraciones públicas de sus directivos, USD 16 millones provinieron de cuentas de Paraguay. Desde la nueva administración de Alejandro Domínguez al frente de la Conmebol se ha logrado recuperar unos USD 128 millones.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.