El abogado Ricardo Preda mencionó en entrevista con el programa Tempranísimo de Universo 970 AM, que los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) –cuya visita está prevista para abril próximo- medirán cómo funciona el sistema de persecución penal y de sanciones, además del sistema de prevención de nuestro país, siendo este último el principal objetivo de la visita de la organización.

El letrado explicó que una cosa es la prevención del lavado de dinero y otra es el delito del lavado. Señaló que el Gafilat pone énfasis especial al sistema, si este funciona en caso que se realicen actos, además de las sanciones, tanto en el ámbito administrativo para las personas que violan las reglas de prevención, como en lo penal para los que cometen el delito de lavado.

Sobre el primer punto, dijo que si una persona abre una cuenta en un Banco, sin que se le haya pedido los antecedentes de dónde sacó el dinero, en ese caso se incumple una regla de prevención. No obstante, dicho recurso financiero puede ser de honorarios o pagos por funciones de trabajo.

“En cambio si ese dinero tiene su origen en una actividad ilegal, eso sí sería lavado de dinero. No hay que confundir violar una regla de prevención con cometer el delito en sí. Muchos creen que, porque no se declaran los fondos, ya es lavado de dinero, eso sucede porque el sujeto obligado (entidad bancaria) no cumplió con los reglamentos”, explicó el profesional.

Acotó que, incluso se pueden cumplir con todas las reglas de prevención, no obstante, tampoco se asegura que no se esté lavando dinero. “El Banco me puede pedir las documentaciones de origen de los fondos que deposité, yo lo justifico, la institución da el ‘ok’, pero había sido el dinero es producto de una actividad ilegal y no por eso se violó las reglas de prevención”, remarcó.

En cuanto a los juegos de azar, dijo que siempre son un factor de riesgo en dicho marco de la prevención. “Un sujeto va al Banco para depositar el dinero y cuando se le pregunta dice que lo ganó en un juego de azar, teniendo un origen justificado por lo que dan el ok. Eso es una simulación del origen, que es una de las conductas típicas del delito del lavado de dinero”, subrayó.

Al respecto, manifestó que varios entes bancarios no brindan apertura de cuentas a personas que tienen fondos y que fueron ganados a través de dichos juegos o de apuestas. No obstante, tampoco se debe ‘satanizar’ un área de negocios como los juegos de azar de forma legal, según su criterio.

Asimismo, dijo que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) interviene sobre la base de reportes de operaciones sospechosas que recibe por parte de las entidades financieras. Esos datos son filtrados y analizados a profundidad.

Finalmente, indicó que el Gafilat fue creado con la finalidad de prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La organización es integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.