En entrevista con la radio Universo 970 – Nación Media, el abogado Marcio Battilana se refirió a cuál debería ser la reacción de los organismos de control ante casos como el del Banco Atlas, que habría formado parte del mecanismo de lavado de dinero del poderoso narco Luis Carlos Da Rocha alias “Cabeza Branca”, quien inyectó muchísimo capital en diversas empresas paraguayas con dinero proveniente del narcotráfico.

Explicó que en este caso debe actuar inmediatamente la Superintendencia de Banco al darse el incumplimiento de una normativa bancaria, específicamente la de lavado de dinero, ante una resolución que había sido emitida por la Seprelad. La intervención consiste en el envío de funcionarios al banco en cuestión, para revisar la operativa sobre el hecho denunciado y además sobre otros aspectos de prevención de lavado de dinero.

Luego se realiza un informe interno que se eleva a la Superintendencia, la cual procede a elaborar un dictamen que emite al directorio del Banco Central del Paraguay. “El directorio del BCP es el que tiene la última palabra para ver si se abre un sumario ante los hallazgos”, agregó.

El abogado explicó que de abrirse el sumario, se le corre traslado a las autoridades del banco para que realicen un descargo y justifique los hallazgos. “El sumario no abierto al público, solo para las partes. Si se filtra es muy grave para la institucionalidad del país”, agregó.

En el caso de constarse una irregularidad en el sumario, se establece una sanción de multa, haciendo un cálculo teniendo en cuenta el balance del banco, el rendimiento que tuvo con el dinero administrado, entre otros valores a ser analizados por el directorio del BCP, de acuerdo con Battilana.

Este es el pagaré firmado al Banco Atlas por el tractorista de “Cabeza Branca” por valor de US$ 6,5 millones.

Según la fiscal antidrogas, Lorena Ledesma, la investigación de “Cabeza Branca” constituye el caso más grande y relevante de lavado de dinero en Paraguay. El “barón de la droga” inyectó dinero sucio en el país y habría utilizado el sistema financiero para ese fin.

Según la investigación fiscal, el banco Atlas formó parte del esquema y evitó realizar las debidas diligencias antes de otorgar un millonario préstamo a Gilberto Suarez, el tractorista del narco, hoy imputado por lavado de dinero.

El banco de la familia Zuccolillo ahora quiere quedarse con la estancia del narco que fue puesta como garantía hipotecaria, pero que hoy está siendo administrada por la Senabico.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.