Al ser consultada sobre su postura respecto al proyecto de ley presentado por el diputado Arnaldo Samaniego, Lea Giménez manifestó que existe un interés particular dentro de toda esta cuestión viendo el contexto electoral que se presenta hoy día, faltando pocos meses para las internas partidarias.

Cuestionó el hecho de que se hayan despilfarrado los fondos del IPS con licitaciones de todo tipo, favoreciendo a “amigos” de diversos clanes políticos. “Después de haber hecho todo eso, tienen la caradurez de presentar un proyecto de ley que pretende cerrar el agujero que generaron en el Fondo de Salud”, añadió.

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Asimismo, señaló que hoy día la previsional “no está funcionando” como debería y la actual administración está dejando un gran desorden administrativo, además de causar daños a la salud de los asegurados por la falta de buena gestión.

“Ahora resulta que tenemos que hacer cosas urgentes para cerrar el agujero que generaron. Desde todo punto de vista esto tiene que hacer sonar las alarmas”, refirió la exministra a Universo 970/Nación Media.

A su criterio, lo que están haciendo es buscar la fórmula para “seguir embolsillándose recursos de los trabajadores” ,dejando de lado los intereses reales de los aportantes y pacientes.

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Considerando todo lo expuesto, Giménez se mostró en contra del polémico proyecto de ley propuesto por el diputado Arnaldo Samaniego. “Es descabellado lo que están proponiendo, le dan un ropaje de populismo para maquillar las verdaderas intenciones”.

Este está procesado por lesión de confianza referente  a un contrato de G. 8.000 millones a favor de la empresa Conserpar, para la construcción de empedrados y otras obras que, según la acusación, se pagó pero no se concretó.

El juez Delmàs abordó el caso en el que la fiscal Stela Mary Cano había  solicitado la desvinculación temporal del procesado en vista a que existen aún varias diligencias que se deben realizar para posteriormente formular la acusación contra el mismo.  O  en su defecto, dar el sobreseimiento definitivo.

El juez Delmàs sin embargo planteò un recurso de oposición al pedido, derivando el expediente a la instancia superior del Ministerio Plùbico, para que en ese estadio definan si los argumentos de la fiscal se ajustaron a derecho, de conformidad con la opinión de la fiscalìa.

En consecuencia será el Fiscal General Emiliano Rolòn, el que deberá decidir si ratifica el requerimiento de la agente fiscal Stela Mary Cano, para la desvinculación o no del proceso del exjefe comunal.

La acusación del Ministerio Público señala que existió una adjudicación de G. 8.199.571.925 para la construcción de desagüe pluvial, empedrados y adoquinados, contrato que se firmó en el 2016; sin embargo, las obras supuestamente no fueron terminadas y solo se logró ejecutar G. 6.063.405.010.

Debido al presente caso se llevó a cabo una pericia donde se logró probar que los trabajos ejecutados solo equivalieron a la suma de G. 4.466.652.321, por lo que el presunto perjuicio patrimonial sería de G. 1.596.752.689.

Al igual que meses atrás, el Poder Judicial vuelve a ser blanco de una amenaza de bomba, la cual, obliga a evacuar el Palacio de Justicia.

Si bien en la gran mayoría de los casos la amenaza es falsa, por una cuestión de protocolo, se debe cumplir con sacar a todos los funcionarios.

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El único antecedente real ocurrió el 29 de abril del 2009, cuando encargados de limpieza del edificio encontraron una bolsa negra en uno de los baños de la planta baja y que fue entregada a los efectivos policiales. Los uniformados depositaron el paquete sobre la calle Testanova (al costado del edificio) y posteriormente se produjo la explosión.

Por otro lado, el 29 de junio pasado, el fiscal Antisecuestros y Antiterrorismo, Joel Cazal imputó a Omar Darío Cristaldo Figueredo por los supuestos hechos punibles de coacción a órganos constitucionales y amenaza de hecho punible.

“Tío Rico les manda decir que hay una bomba en el Poder Judicial que va a explotar entre hoy y mañana”, había dicho el hombre en la llamada telefónica. En el caso de hoy, todavía no tienen pistas claras del origen de la amenaza.

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La agente fiscal Yeimy Adle imputó a Alberto Martín Ramírez Reyes por la supuesta comisión de los hechos punibles de apropiación y producción de documento no auténtico.

El hombre es acusado por el presunto robo de cheques pertenecientes al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y cuyo valor supera la suma de G. 48.000.000.

Antecedentes: Funcionario robó cheques del MEC y dejó a reemplazantes y jubilados sin cobrar

El ilícito fue detectado en agosto pasado cuando la jefa del departamento de Tesorería del MEC, Delia Lamas, se percató de la existencia de talones de varios cheques sin fechas ni firmas y uno fechado pero sin firma del funcionario que realizó el pago. Así también, notó que la planilla de pago estaba sin firma.

Ramírez Reyes cumplía funciones de “técnico” en esta área administrativa de la cartera educativa y era el encargado de ordenar los cheques pagados y no pagados, a fin de actualizar el registro de planilla de Excel.

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Luego de ser interrogado por su superior, el ahora procesado admitió haber sustraído de manera irregular un total de 24 cheques para posteriormente efectivizarlos y quedarse así con el dinero.

Los cheques robados por el funcionario del MEC debían ser destinados a pagos en concepto de Salarios y Reposo por Maternidad, por lo que el perjuicio económico afectó de manera directa a docentes reemplazantes y maestros jubilados.