• Por Rossana Escobar M.
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Puestos de recauda­ción en negro en la estructura más sen­sible de la institución, que son las penitenciarías, fue­ron cedidos a recomendados de los ministros de Desarro­llo Social, Mario Varela, y de Justicia, Édgar Olmedo. Estas movidas resultan imposibles de disociar de la intensa cam­paña proselitista en la que se encuentran embarcados ambos secretarios de Estado.

Es así que operadores políti­cos de Varela, equipo del que también forma parte Olmedo en Coronel Oviedo, copan car­gos que son claves en el sistema de recaudación dentro de los penales, donde circulan millo­nes en negro, con treintena de negocios dentro manejados con cobro de cánones que no ingresan a las cajas del Estado paraguayo.

El ex viceministro de Política Criminal Rubén Maciel Gue­rreño, quien renunció hace un mes con el cambio de admi­nistración en el Ministerio de Justicia, señaló en conversa­ción con La Nación que en las cárceles, principalmente en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, “todo tiene un pre­cio”. Recordó cómo se nego­ciaban dentro de los penales los nombres de reclusos para vender un lugarcito dentro de las planillas de beneficiarios para aislamientos afuera por casos de covid.

Esta comunidad penitenciaria cerrada dentro del Estado es la que pasa bajo el mando de lea­les a Varela. César Raúl Krisko­vich, conocido como “el secre­tario de Varela”, funcionario de confianza del Ministerio de Desarrollo Social de la oficina regional de Coronel Oviedo, fue comisionado al Ministe­rio de Justicia como director de la inspectoría general de la cárcel de Coronel Oviedo, uno de los puestos considerados de oro en el sistema penitenciario debido a que controla el ingreso de comodidades dentro de las cárceles.

De los ojos de Kriskovich dependerá que los reclusos disfruten de lujos, ya sean en las conocidas como celdas vip o fuera de estas, que ingre­sen televisores, computado­ras, bebidas caras, etc. Con el salario y las bonificaciones, la remuneración del nuevo direc­tor de Inspectoría General de Oviedo asciende a G. 14 millo­nes al mes.

Raúl Vera, ex concejal de la Municipalidad de Coronel Oviedo, también del equipo político de Olmedo y Varela, aterriza como jefe de gabi­nete del Ministerio de Justi­cia tras quedar fuera en las últi­mas elecciones municipales. Mientras que Julio Balbuena, otro político de Oviedo, migró de bando y ya fue confirmado en el apetecible cargo de direc­tor de Establecimientos Peni­tenciarios, aunque espera el decreto presidencial para ofi­cializar su mando.

Balbuena perdió en las últi­mas elecciones municipa­les de Oviedo, pero ganó un puesto con sueldazo de G. 19 millones y, además, manejará la administración de todas las cárceles del país. Si bien en Presidencia hay mucha resis­tencia a su nombramiento, es un hecho que el amigo asume el cargo debido a que ya está mar­cando presencia en las oficinas del ministerio.

Detrás de leales en puestos claves hay una decena de ope­radores de poca monta que están en proceso de contrata­ción temporal en las cárceles, coincidentemente con la cam­paña proselitista de Varela y Olmedo.

En la penitenciaría de Tacumbú existen alrede­dor de 30 cantinas pequeñas, además de lavanderías, con­fiterías, kioskos de carga de saldo para telefonía e incluso restaurantes.

Si bien el ex viceministro Maciel no quiso confirmar números cerrados, se estima que solo en provisión de insu­mos para estos negocios de minutas hay un ingreso en negro de G. 300 millones men­suales. La cadena comercial a la que se suman ganancias pre­sume volúmenes de circulante que pueden duplicar y hasta triplicar la cifra mencionada.

“Los internos pagan por esa explotación, pagan una regalía al director o jefe de seguridad. Nosotros llegamos a elaborar un proyecto de ley para regu­larizar esas actividades y que ingresen fondos como Fuente 30 al Ministerio de Justicia, considerando que el ministe­rio solo cobra por estampillas del Registro Civil. Puede ser una fuente de ingreso impor­tante para la institución”, dijo el ex viceministro.

Es sabido que los reclusos pagan cánones de entre G. 200 mil, G. 500 mil y G. 1 millón, sostuvo Maciel. En este con­texto, los privilegiados nue­vos jefes, políticos serviles a la campaña del dúo Vare­la-Olmedo con miras al 2023, advierten voraces recauda­ciones dentro de un sistema penitenciario carcomido por la corrupción.

La Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados comenzó a pedir informes como el listado de guardiacárceles que cumplen horario continuado de trabajo de 24 horas debido al cambio introducido desde este año en el clasificador de la Ley de Presupuesto, que establece que solo ellos percibirán el subsi­dio alimentario bimestral de G. 1.700.000.

Tras el filtro que se aplicó en el presupuesto del Ministerio de Justicia, el diputado Arnaldo Samaniego adoptó el papel de sin­dicalista y presentó un proyecto de ley para reabrir el grifo del pago discrecional de subsidio alimentario a todo el funciona­riado vinculado al sistema penitenciario, aunque cumplan carga laboral mínima de 8 horas de trabajo y hasta menos.

Ante consultas, técnicos de dicha comisión señalaron que mane­jan el tema con cautela y que los integrantes están a la espera de informes para dar sus respectivos pareceres. Otras fuentes mencionan que ante las publicaciones de la rifada que preten­den volver a implementar los diputados están dando lugar al tiempo para que el escándalo no pase a mayores.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.