Legalización de la marihuana, ¿alternativa viable (y rentable) en Paraguay?

La legalización de la producción y el consumo de marihuana es un tema que se ha instalado en el debate. Foto: ilustrativa.

El debate sobre la legalización de la marihuana ya se ha instalado en nuestro país y ha puesto en la palestra un tema que posee varias aristas, incluyendo la estrategia de combate al narcotráfico y las alternativas para los productores que hoy dependen económicamente de este rubro.

Desde hace unos días se viene generando un amplio debate sobre la producción y consumo de marihuana en nuestro país y la posibilidad de que finalmente se concrete su legalización, tanto para fines medicinales como también recreativos.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Arnaldo Giuzzio, en una reciente entrevista radial había señalado la importancia de empezar a analizar cuáles podrían ser los usos legales que se le pueden dar a esta hierba.

Asimismo, hizo mención al debate a nivel mundial que se está generando en lo que respecta a la legalización de la droga, poniendo como ejemplo a países en los que ya se ha aprobado su producción y consumo.

En entrevista con el canal GEN, el exministro de la SENAD, Hugo Vera, habló sobre este tema y sostuvo que se debe analizar cuál es el objetivo final y qué es lo que se busca al despenalizar el consumo de la marihuana. En tal sentido, se cuestionó si es que existe una agenda política de por medio o si realmente el Estado necesita esa despenalización.

Analizando el caso en un contexto general, indicó que si se llegara a concretar esta propuesta de igual manera el resto de las drogas como la cocaína o el éxtasis seguirán en la oferta y que al final no se estará solucionando el problema del tráfico de drogas o el cultivo ilegal del cannabis.

“La instalación de la posibilidad de la legalización de la marihuana en Paraguay debe ser producto de un consenso nacional y también se deben analizar los reflejos regionales”, refirió el exministro de la SENAD. Sobre este punto, explicó que se debe tener en cuenta la agenda regional en lo que respecta al combate al narcotráfico.

El mismo considera que se deberían discriminar las áreas de cultivo de marihuana debido a que los cultivos en Amambay y Canindeyú están manejados por las grandes organizaciones criminales del Brasil, lo cual no ocurre en los departamentos de San Pedro y Caazapá donde existe un fuerte arraigo de la agricultura minifundiaria que alterna los cultivos de mandioca con marihuana.

Lo que se debe hacer es reducir el narcotráfico y desalentar la presencia de las fuerzas criminales en la frontera a través de una fuerte presencia del Estado y, cuando los narcotraficantes se sientan desalentados y cuando piensen abandonar el país, se pueden promover otros planes de desarrollo, afirmó.

A su criterio, se deben buscar estrategias agrícolas para asistir a los cultivadores de la planta de marihuana (conocidos comúnmente como “marihuaneros”), quienes dependen económicamente de este rubro para subsistir.

Cabe resaltar que las ganancias que obtienen los pequeños productores cultivando marihuana son considerablemente mayores en comparación con aquellos que se dedican al cultivo de, por ejemplo, la mandioca o el tomate, pudiendo obtener hasta G. 20 millones por cosecha. Por ello, se vuelve imprescindible implementar las estrategias más acertadas y efectivas para compensar dicha labor.

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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores 

Foto: archivo.

Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo

Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional

Miles de armas incautadas en el Operativo Dakovo fueron entregadas a la Policía Nacional. Foto: SENAD.

Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.

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