Contemplada en la Constitución Nacional, la función de control que debe tener el Parlamento sobre entes del Estado, comienza a cobrar cuerpo. Y es a partir de la comisión creada para “bucear” en dos de las entidades en las que el robo de recursos públicos (y privados) pareciera haber sido la regla, hasta ahora: el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El senador liberal Dionisio Amarilla señaló, en entrevista con el programa Fuego Cruzado emitido por el canal GEN, que la tarea que le corresponde a la comisión no es para nada fácil, pero que es el momento de abordarla, tras sucesivas revelaciones que señalan que en esos entes, la malversación de recursos del contribuyente ha llegado a niveles insostenibles.

“Está reportado en 10 tomos (los informes), a partir de ahí nos dimos cuenta de que esos informes fueron elaborados en auditorías que practicó la Contraloría General de la República, en las diferentes entidades y organismos del Estado, incluidos municipios y gobernaciones, con una auditoría practicada al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones”, señala.

“A través de la Contraloría pudimos acceder a los reportes de hechos punibles, también le consultamos a la Contraloría, esos hechos fueron denunciados al Ministerio Público. El reporte analiza las cuentas del ministerio en el año 2022 respecto a las cuentas de cierre de ejecución de saldo de la deuda externa. Unos informes de gestión que también se requiere respecto al ejercicio del poder del ejecutivo“, acotó el parlamentario.

Amarilla señaló por otro lado que en sesión de la semana pasada, pidieron al extitular del IPS, Vicente Bataglia, para concurrir al legislativo a fin de responder cuestiones sobre las muchas denuncias de robos y malversaciones que se formalizaron contra su administración. Y que resulta lamentable que el mismo no haya acudido, alegando que el tema ya está siendo remitido a la Fiscalía.

“Confirmamos nuestra interpretación del informe (de Contraloría sobre IPS)  remitido al Congreso de la Nación que el jueves pasado quisimos tener la presencia del expresidente del Instituto de Previsión Social, pero no concurrió. Nos llamó poderosamente la atención, porque tenía la oportunidad de dar sus explicaciones“, agregó.

Igualmente, indicó que este trabajo tiene que ser realizado anualmente por esta comisión bicameral, aunque comentó que el período de tiempo que se le asigna a la comisión es muy breve, ya que son 45 días que reglamenta la ley y la Constitución Nacional.

“Hoy estamos analizando los reportes de auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, también estamos haciendo el mismo análisis respecto a otros informes. Se hicieron denuncias ante el Ministerio Público sobre hechos punibles que pudieron haberse dado al interior de esta instituciones“, refirió Amarilla.

A su vez, sostuvo que los hechos más relevantes en cuanto a irregularidades se dan en el IPS, aunque no queda atrás la situación en el MOPC donde la comisión ya se ha percatado de millonarios montos sin justificación y que seguirán siendo analizados durante las próximas semanas.

El hecho fue puesto a conocimiento del Ministerio Público mediante nota policial, en la cual se reporta que la denuncia fue formulada por María Cristina Cantero, el pasado 4 de julio.

En ese contexto, la Fiscalía solicitó ser informada si ya se ha dispuesto formalmente la búsqueda y localización de la desaparecida y en caso contrario, que se proceda a su inmediata disposición.

Asimismo, el agente fiscal recordó a la comisaría actuante que debe cumplirse con lo dispuesto en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y remitir el correspondiente informe en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido. Además, se solicitó verificar y aplicar los protocolos vigentes ante casos de personas desaparecidas.

Puede interesar: Cyberteam vuelve a ‘mofarse’ del MITIC con nuevos hackeos

La adolescente es domiciliada en el barrio Loma Pytã de la ciudad de Asunción.

La investigación está abierta a los efectos de esclarecer el hecho y determinar el paradero de la adolescente. Ante cualquier información que pueda aportar la ciudadanía se ruega comunicarse al número corporativo 0982 548017, de la Unidad n. º 4, de Lambaré.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Consorcio Rutas del Este divulgaron un video en el que confirman, una vez más, la efectividad de la rampa de frenado instalada en la bajada del Cerro Caacupé.

“¡Otro accidente evitado!“, señala uno de los tweets que va adjunto con el material audiovisual, donde se muestra la utilización de la estructura por parte de un camión cisterna.

El vehículo de gran porte -que transportaba combustible- tuvo fallas en su sistema de frenos, razón por la que su conductor decidió utilizar la rampa de emergencia ubicada en la Compañía Pedrozo, en Ypacaraí.

Tanto el chofer como su acompañante lograron salir ilesos de este percance gracias a la rápida reacción para girar hacia la rampa, que se encuentra a la altura del Km 48,6 de la Ruta PY02.

Desde la cartera de Obras aprovecharon la ocasión para recordar a los conductores que esta infraestructura fue diseñada para reducir riesgos y que su uso es completamente gratuito.

De igual manera, el servicio de grúa para el retiro de vehículos con desperfectos mecánicos también es ofrecido a los usuarios sin costo alguno.

Durante una audiencia pública celebrada la semana pasada en el Senado, tanto autoridades como trabajadores y referentes del sector dialogaron sobre el proyecto que pretende restringir el cianuro en actividades mineras a nivel nacional.

De dicha actividad participaron representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), quienes presentaron la posición técnica del ente sobre este tema.

Antecedentes: Autoridades buscan resolver conflicto entre mineros y yerbateros en Paso Yobái

La cartera de Estado considera factible avanzar hacia una normativa que restrinja el uso del mercurio, pero mediante una transición gradual y de manera participativa, que incluya capacitación y asistencia técnica, esto ante la dependencia económica de miles de familias.

Respecto al cianuro, el MADES explicó que su uso, bajo condiciones técnicas adecuadas y monitoreo ambiental, permite una recuperación de oro superior al 90%, lo que representa una mayor eficiencia y rentabilidad para los pequeños productores mineros.

El hecho de prohibir esta sustancia -utilizada mayormente en la lixiviación de oro- sin ofrecer una alternativa técnica y económicamente viable podría afectar la sostenibilidad de la actividad minera en regiones como Paso Yobái, alegan.

Leé también: Fuerte multa a empresarios mineros por contaminación de arroyo con cianuro

Tal es así que, incluso, consideran que una prohibición total podría empujar a la minería a la informalidad, donde no hay controles ambientales ni sanitarios. Igualmente, puede acarrear como consecuencia un aumento en el uso de sustancias más peligrosas como el mercurio.

Teniendo en cuenta estos aspectos, la institución medioambiental propuso una estrategia de “transición controlada”, basada en la formalización de los mineros, la promoción de buenas prácticas y la autorización del uso de cianuro únicamente en operaciones que cumplan con estándares ambientales y de seguridad verificados.