Contemplada en la Constitución Nacional, la función de control que debe tener el Parlamento sobre entes del Estado, comienza a cobrar cuerpo. Y es a partir de la comisión creada para “bucear” en dos de las entidades en las que el robo de recursos públicos (y privados) pareciera haber sido la regla, hasta ahora: el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El senador liberal Dionisio Amarilla señaló, en entrevista con el programa Fuego Cruzado emitido por el canal GEN, que la tarea que le corresponde a la comisión no es para nada fácil, pero que es el momento de abordarla, tras sucesivas revelaciones que señalan que en esos entes, la malversación de recursos del contribuyente ha llegado a niveles insostenibles.

“Está reportado en 10 tomos (los informes), a partir de ahí nos dimos cuenta de que esos informes fueron elaborados en auditorías que practicó la Contraloría General de la República, en las diferentes entidades y organismos del Estado, incluidos municipios y gobernaciones, con una auditoría practicada al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones”, señala.

“A través de la Contraloría pudimos acceder a los reportes de hechos punibles, también le consultamos a la Contraloría, esos hechos fueron denunciados al Ministerio Público. El reporte analiza las cuentas del ministerio en el año 2022 respecto a las cuentas de cierre de ejecución de saldo de la deuda externa. Unos informes de gestión que también se requiere respecto al ejercicio del poder del ejecutivo“, acotó el parlamentario.

Amarilla señaló por otro lado que en sesión de la semana pasada, pidieron al extitular del IPS, Vicente Bataglia, para concurrir al legislativo a fin de responder cuestiones sobre las muchas denuncias de robos y malversaciones que se formalizaron contra su administración. Y que resulta lamentable que el mismo no haya acudido, alegando que el tema ya está siendo remitido a la Fiscalía.

“Confirmamos nuestra interpretación del informe (de Contraloría sobre IPS)  remitido al Congreso de la Nación que el jueves pasado quisimos tener la presencia del expresidente del Instituto de Previsión Social, pero no concurrió. Nos llamó poderosamente la atención, porque tenía la oportunidad de dar sus explicaciones“, agregó.

Igualmente, indicó que este trabajo tiene que ser realizado anualmente por esta comisión bicameral, aunque comentó que el período de tiempo que se le asigna a la comisión es muy breve, ya que son 45 días que reglamenta la ley y la Constitución Nacional.

“Hoy estamos analizando los reportes de auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, también estamos haciendo el mismo análisis respecto a otros informes. Se hicieron denuncias ante el Ministerio Público sobre hechos punibles que pudieron haberse dado al interior de esta instituciones“, refirió Amarilla.

A su vez, sostuvo que los hechos más relevantes en cuanto a irregularidades se dan en el IPS, aunque no queda atrás la situación en el MOPC donde la comisión ya se ha percatado de millonarios montos sin justificación y que seguirán siendo analizados durante las próximas semanas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.