El Tribunal de Apelaciones de Villarrica, conformado por los jueces Juan Carlos Bordón, Vicente Elizaur y Mercedes Balbuena, anuló el fallo por la cual Gregorio “Papo” Morales fue absuelto en su acusación tentativa de homicidio y condenado solo por coacción grave a dos años de prisión.

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Esta decisión se toma luego de que el fiscal Martín Escalada apelara a la sentencia y solicitara el reenvío de la causa a otro Tribunal. Ahora, Gregorio “Papo” Morales deberá enfrentar otro juicio oral en el mismo caso en el que fue perdonado por los jueces Julio Alfonso, Porfirio Martínez y Víctor Hugo Ortigoza, en mayo del 2023.

La interpretación de los jueces en ese momento fue que no hubo un intento, por parte de “Papo” Morales, de asesinar a la víctima.

El hecho, que quedó registrado en un video, se remonta al año 2018, a orillas del río Tebicuarymí, en la localidad de Borja, donde Antonio Talavera a punta de arma, fue obligado por Morales a permanecer de rodillas y posteriormente, forzado a correr. El hombre sufrió un refilón en el abdomen.

Actualmente, Papo está con prisión preventiva a la espera de otro juicio por un caso de asesinato registrado en 2020 en Asunción.

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Arsenio Zárate, ministro de la SEN, comentó que la crisis en el Chaco por las lluvias e inundaciones persiste, muchas familias son afectadas por la situación.

Refirió que a medida que la crisis se agudiza, la asistencia se intensifica en los puntos claves, y están trabajando para llegar a todas las familias de los departamentos golpeado.

“Recibimos directivas del presidente Santiago Peña. Tenemos que llegar a todas las personas. No importa la camiseta que vista. A todos tenemos que llegar y no vamos a hacer ninguna discriminación”, expresó Zárate a la radio 730 AM.

Relató que en una localidad específica, que prefirió no nombrar, las autoridades no permitieron que se distribuyan los kits de alimentos en llevaba la SEN, sin embargo, tras conversar con los mismos, finalmente entregaron los víveres a los lugareños.

Instó a denunciar, e incluso que se recurra al escrache si se detecta alguna irregularidad en la entrega de los alimentos a las familias en el Chaco.

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En entrevista con el canal GEN, Rafael Ávila, defensor del pueblo, informó que desde el año 2002 hasta la fecha, el Estado paraguayo desembolsó cerca de 95 millones de dólares en concepto de indemnización por ser víctimas de la dictadura.

La autoridad recordó que, al asumir el cargo recibió casi 14.000 expedientes relacionados con estos casos. Durante dos años y medio de gestión, se revisaron cerca de 9.000 expedientes, de los cuales una parte significativa fue aceptada y enviada al Ministerio de Economía para su tramitación. Sin embargo, muchos otros expedientes fueron descartados por estar incompletos o carecer de sustento suficiente para otorgar el beneficio.

El defensor explicó que el control de estos casos es muy estricto, ya que muchas personas intentan presentar solicitudes sin la documentación requerida o con información insuficiente. Los expedientes que cumplen con los criterios son derivados para su gestión, mientras que aquellos que presentan inconsistencias son rechazados o enviados a caducidad.

Actualmente, la Defensoría sigue trabajando en la revisión de los documentos restantes, con el objetivo de garantizar que solo las víctimas legítimas reciban el resarcimiento correspondiente.

Durante la entrega de las primeras 10 viviendas de Che Róga Porä 2.0 en Luque, el mandatario fue consultado acerca del pedido hecho esta mañana por la Contraloría General de la República respecto a la intervención de las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción.

“Vamos a analizar los méritos de esto y vamos a actuar en consecuencia, vamos a ser muy rigurosos con la aplicación de las normas de transparencia (...) Nosotros desde el Ejecutivo no vamos a ser impedimento para los controles de transparencia”, contestó Peña.

A partir de ahí, acotó, será una decisión de la Cámara de Diputados evaluar los méritos para aprobar o rechazar la intervención.

El presidente precisó el rol del interventor y lo definió como el responsable de poder dirimir de una forma objetiva y clara si existen o no problemas de administración.

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“Para nosotros las municipalidades son todas iguales, hay 264, no importa de dónde son, estas dos son muy importantes”, contestó, ante la consulta de si habría equidad en la evaluación de ambos municipios.

En cuanto a la situación del municipio de Asunción, Peña dijo que de esto no se habló en el comando de Honor Colorado y que ni siquiera entraron todavía a la agenda electoral, ya que todavía queda más de un año para las municipales.

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