Ley busca aplicar altos niveles de seguridad a todas las operaciones electrónicas

El proyecto de ley de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, que ya cuenta con media sanción, pretende elevar los estándares de seguridad para todas las operaciones financieras. Para las telefónicas, la intención es buena, pero hay un punto de discrepancia.

La Identificación Electrónica, Firma Electrónica, Sello Electrónico, Sello de Tiempo Electrónico, Servicio de Entrega Electrónica Certificada, Autenticación de sitios web, además del Documento Electrónico y el Documento Transmisible Electrónico pasarán a tener validez jurídica con la nueva ley de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas,

La normativa que se estudia esta tarde en Cámara de Senadores, será aplicable a toda clase de transacciones y actos jurídicos, públicos o privados, así como en los procesos privados, administrativos y judiciales tramitados electrónicamente

En las operaciones que impliquen pagos, giros o transferencias de dinero, apertura y administración de cuentas, financiación y/o créditos, gestión de patrimonio, la identificación electrónica deberá utilizar medios de identificación electrónica expedido con nivel de seguridad alto

Sobre este punto, el diputado Sebastián García, uno de los proyectistas, explicó a Hoy Digital que este aspecto es apenas una de las patas de toda esta normativa y que simplemente implica adecuarse a un sistema.

La autoridad de aplicación será Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico dependiente del Viceministerio de Comercio y Servicios, el cual está facultado a conformar un organismo de composición mixta público privado para el mejor cumplimiento de sus funciones.

“Es cierto que ahora mismo no existe un prestador de servicios de confianza cualificado con ese alcance, pero van a ser varios, incluso el mismo Departamento de Identificaciones va poder ser un prestador de servicios de confianza cualificado y con el nivel de seguridad requerido”, explicó el diputado.

Por su parte, Aldo Natalizio, quien representa a Tigo, Claro y Personal por el sistema Empes, indicó que la única controversia pasa por el artículo 103, que exige un nivel de seguridad alto incluso para las operaciones electrónicas de este tipo.

“No sé cuándo vamos a tener las condiciones para que un sistema X que hoy no existe, pueda alcanzar a la persona que hoy recibe un giro de 200.000 guaraníes, con la misma rigurosidad que una persona que recibe una transacción en dólares por la compra de un inmueble”, comentó Natalizio a la 730 AM.

Aclaró que no está en contra de esta normativa, pero que aplicar ese mismo nivel de exigencia para operaciones importantes y menores, representará una clara dificultad.

Para la Asoban, la vigencia de esta ley es muy necesaria para el avance en el proceso de digitalización y bancarización en Paraguay. Además, el gremio está convencido de que elevar los estándares de seguridad contribuirá a reducir la evolución del cyberdelito, el robo de identidad y el fraude vía vaciamiento de cuentas.

Operativo Arambe II: concretan pérdidas de cerca de US$ 3 millones a narcotraficantes

El MInisterio Público llevó adelante el Operativo Arambe II en la lucha contra el narcotráfico en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024, ocasión en que se logró la destrucción de 150.000 kilos de supuesta marihuana prensada y picada.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

Ley de Fomento de la Lectura quedó reglamentada

El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 7140/2023, cuyo objetivo de política nacional de fomento de la lectura y el libro es promover la lectura, la escritura, la producción y la circulación del libro como instrumento sociocultural imprescindible para la formación integral de niños, jóvenes y adultos.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

Corte suspende al abogado del “narcopastor” José Insfrán

El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia suspendió por 3 meses en el ejercicio de la profesión al abogado Daniel Lobo por sus declaraciones respecto a la jueza Rosarito Montanía. Así también, se suspendió al abogado Gabriel Rodríguez por 6 meses.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.