Ley busca aplicar altos niveles de seguridad a todas las operaciones electrónicas

El proyecto de ley de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, que ya cuenta con media sanción, pretende elevar los estándares de seguridad para todas las operaciones financieras. Para las telefónicas, la intención es buena, pero hay un punto de discrepancia.

La Identificación Electrónica, Firma Electrónica, Sello Electrónico, Sello de Tiempo Electrónico, Servicio de Entrega Electrónica Certificada, Autenticación de sitios web, además del Documento Electrónico y el Documento Transmisible Electrónico pasarán a tener validez jurídica con la nueva ley de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas,

La normativa que se estudia esta tarde en Cámara de Senadores, será aplicable a toda clase de transacciones y actos jurídicos, públicos o privados, así como en los procesos privados, administrativos y judiciales tramitados electrónicamente

En las operaciones que impliquen pagos, giros o transferencias de dinero, apertura y administración de cuentas, financiación y/o créditos, gestión de patrimonio, la identificación electrónica deberá utilizar medios de identificación electrónica expedido con nivel de seguridad alto

Sobre este punto, el diputado Sebastián García, uno de los proyectistas, explicó a Hoy Digital que este aspecto es apenas una de las patas de toda esta normativa y que simplemente implica adecuarse a un sistema.

La autoridad de aplicación será Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico dependiente del Viceministerio de Comercio y Servicios, el cual está facultado a conformar un organismo de composición mixta público privado para el mejor cumplimiento de sus funciones.

“Es cierto que ahora mismo no existe un prestador de servicios de confianza cualificado con ese alcance, pero van a ser varios, incluso el mismo Departamento de Identificaciones va poder ser un prestador de servicios de confianza cualificado y con el nivel de seguridad requerido”, explicó el diputado.

Por su parte, Aldo Natalizio, quien representa a Tigo, Claro y Personal por el sistema Empes, indicó que la única controversia pasa por el artículo 103, que exige un nivel de seguridad alto incluso para las operaciones electrónicas de este tipo.

“No sé cuándo vamos a tener las condiciones para que un sistema X que hoy no existe, pueda alcanzar a la persona que hoy recibe un giro de 200.000 guaraníes, con la misma rigurosidad que una persona que recibe una transacción en dólares por la compra de un inmueble”, comentó Natalizio a la 730 AM.

Aclaró que no está en contra de esta normativa, pero que aplicar ese mismo nivel de exigencia para operaciones importantes y menores, representará una clara dificultad.

Para la Asoban, la vigencia de esta ley es muy necesaria para el avance en el proceso de digitalización y bancarización en Paraguay. Además, el gremio está convencido de que elevar los estándares de seguridad contribuirá a reducir la evolución del cyberdelito, el robo de identidad y el fraude vía vaciamiento de cuentas.

 

Juzgado hace lugar a amparo y dispone que Salud cubra deuda de G. 300 millones en sanatorio

El Juzgado finalmente hizo lugar al amparo promovido por un joven para solicitar que el Ministerio de Salud cubra una deuda de más de G. 300 millones en el Sanatorio San Roque tras la internación de su padrastro en terapia intensiva a causa del COVID-19.

El juez Edgar Rivas finalmente decidió dar curso favorable a la acción de amparo promovida por Juan José Benítez en representación de su difunto padrastro Antonio Quintana.

A través de dicha acción judicial, el joven solicitaba que el Ministerio de Salud se encargue de cubrir los gastos que derivaron de la internación de Quintana, quien falleció a causa del COVID-19.

Tras analizar el planteamiento, el magistrado decidió hacer lugar al amparo y con ello disponer que el MSPBS direccione los recursos necesarios al Fondo Nacional de Cobertura de Gastos para saldar la deuda pendiente.

Cabe recordar que la deuda que acumuló el señor Antonio Quintana tras un mes de internación en el Sanatorio San Roque ronda los G. 300 millones, en gran medida resultado de su permanencia en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

En su resolución final, el juez recordó que ante este escenario actual de la pandemia de COVID-19 y la saturación del sistema de salud, el Gobierno promulgó recientemente la Ley N° 6.725 “Que crea un Fondo Nacional para la cobertura de gastos durante la hospitalización en unidades de cuidados intensivos de personas con COVID-19 en los sectores públicos, privados y previsionales”.

Si bien esta ley es posterior a la acción presentada por Benítez, el juzgado consideró que “no se puede desconocer que el reclamo es producto del COVID-19 y enlutó a la familia Quintana como a muchos paraguayos, dejando a sus familiares cercanos, deudas catastróficas, de imposible cumplimiento para su economía”.

En paralelo, el juez también rechazó la otra acción promovida contra el Sanatorio San Roque ya que considera que dicho centro asistencial brindó la atención médica debida al paciente durante todo el tiempo en el que estuvo internado allí y no incurrió en ninguna falta.

 

Gasolineras rechazan monopolio y reclaman libre competencia en el mercado

Son dos las empresas que monopolizan el negocio de las estaciones de servicio y pretenden imponer una ley que impida la instalación de nuevos servicentros en Asunción, mediante regulaciones de distancia mínima y otras exigencias. Las demás gasolineras reclaman el derecho a la libre competencia.

“Nosotros estamos peleando nuestros derechos de poder entrar a competir en el mercado asunceno, también el derecho del asunceno de poder tener más posibilidades de elección, si no, dos grupos de empresas prácticamente están controlando todo el mercado asunceno”, dijo Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustible, en entrevista con Gen.

Si bien la Junta no tuvo los votos hoy para tratar el veto de la Intendencia a la ordenanza municipal que establece distancias mínimas entre locales nuevos y existentes (1.000 metros) , dispone requisitos como la ubicación en esquinas de avenidas con superficies mínimas y prohíbe a empresas nuevas instalarse en Asunción, la posibilidad sigue latente, pues el documento fue remitido a comisiones y regresará al pleno.

Para Bazán, las otras 17 distribuidoras que hoy están perjudicadas con esta iniciativa, tienen el derecho a participar en la competencia. “La Corte Suprema nos dio la razón en esto”, enfatizó Bazán.

Consideró que esta ordenanza lo que busca es establecer todas las condiciones para que no exista una estación nueva que compita con las ya existentes, además de dictar precios e imponer las calidades que el usuario debe consumir.

Aclaró que desde su gremio proponen estaciones con instalaciones ecológicas, tanques de doble pared, pozo de monitoreo y todas las condiciones para que sea una estación de servicio segura medioambientalmente.

 

Contraloría pide informes a Salud sobre "intermediario" en la compra de vacunas Covaxin

La Contraloría General de la República solicitó informes al Ministerio de Salud sobre la empresa con la que se suscribió el contrato de compra de las vacunas Covaxin. Asimismo, pidió detalles sobre otras empresas que pudieran actuar como intermediarias en la importación de vacunas.

A través de una nota remitida al ministro de Salud, Julio Borba, la Contraloría hizo un pedido de informes en relación a la empresa que estará a cargo de importar las vacunas Covaxin fabricadas en la India y con la que se suscribió el contrato de compra.

En el documento, el ente contralor cuestiona el hecho de que el Ministerio de Salud, pese a haber anunciado que no negociaría la compra de vacunas contra el COVID-19 con intermediarios, hizo gestiones directamente con la empresa MADISON.

En caso de que así sea, se pide a la cartera de Salud que pueda informar a la CGR el motivo y las condiciones acordadas en la negociación para la compra de vacunas de origen indio.

Asimismo, se pide al Ministerio de Salud que pueda informar sobre cualquier otra negociación en curso o ya finiquitada con alguna empresa intermediaria para la compra de vacunas contra el COVID-19, además de facilitar un resumen de las gestiones realizadas para la compra de dosis antiCOVID para nuestro país hasta la fecha.

Los informes solicitados por la Contraloría General de la República deberán ser proveídos en un plazo no mayor a 5 días. En caso de que no se pueda proveer de alguna documentación o informe, deberá ser informado por escrito.

Cabe recordar que el Ministerio de Salud Pública informó días atrás sobre la suscripción de un contrato de compra para la provisión de 2.000.000 de dosis de la vacuna india Covaxin.



El laboratorio indio Bharat Biotech designó a la firma Madison Biotech PTE Ltd., con sede en Singapur, como su representante ante Latinoamérica para las gestiones con los países.

En principio se generó toda una confusión ya que en Paraguay también existe una empresa local con el nombre “Madison”, aunque dedicada al rubro del marketing y la publicidad. Posteriormente se aclaró que la compra de vacunas Covaxin no fue gestionada con esta firma sino con la que tiene sede en Singapur.