Para vigencia de la nueva Ley de Adopciones se requiere más profesionales y contar con recursos económicos para realizar las modificaciones que implica todo el proceso, definir roles y repartir responsabilidades, explicó Teresa Martínez, Ministra de la Niñez y la Adolescencia.

Sin embargo, en términos legales mejora exponencialmente con respecto a la ley anterior en cuanto a los plazos, un abordaje distinto del acogimiento familiar y la adopción misma que es clave porque está centrada en los niños, indicó en contacto con radio UNO.

“Hay que reglamentar ciertos puntos y disposiciones como en toda ley y realizar ciertos ajustes administrativos ya que es un proceso posterior”, señaló.

La normativa sí requerirá un abordaje técnico para lo que se deberá contar con 35 equipos conformados por profesionales entre trabajadores sociales, abogados y psicólogos lo que demandaría la contratación de al menos 105 funcionarios.

“Necesitamos equipos técnicos para desarrollar lo que la ley establece y como es un servicio e inversión hay ciertos paradigmas que hay que romper para cumplir con la ley, es oportuno y en el momento justo, sí desnuda muchas falencias pero es importante porque hay pautas y rutas que seguir para consensuar entre todos”, agregó.

Martínez destacó que actualmente se tiene 1200 niños en estado de custodia en guarderías y albergues privados y esto también debe pasar por un proceso de transformación para que el Estado se haga cargo e invierta en ellos.

En proceso y espera por ser adoptados se tiene a 140 niños con expedientes parados por falta de evaluación técnica y ya con expectativa de adopción ya sea en el juzgado esperando una sentencia.

“No todos los casos son para adopción, algunos son por maltrato, por situación de un problema parental transitorio que se vuelve eterna porque no se vuelve a revisar y es cuando se levanta una alerta y estamos trabajando bien de cerca con la Defensoría de la Niñez, se interviene y se busca restitución familiar o acogimiento familiar que es lo más difícil de encontrar”, aclaró.

Los puntos específicos de cambio en cuanto a plazos que establece la ley se encuentra en otros: la búsqueda y localización de la familia será dispuesta por el Juzgado a la Dirección de Cuidados Alternativos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) por un plazo de 45 días, actualmente es de 90 días y lo realiza un equipo asesor de justicia.

Acortar de 8 años a 8 meses los plazos para culminar con la adopción es uno de los grandes cambios. Las familias acogedoras y casas de abrigo, siempre con el control del MINNA y estas ahora podrán adoptar a los niños con el recorte de plazos judiciales para los trámites correspondientes.

Además, establece que el equipo asesor de Justicia del Juez tendrá 15 días para dar su dictamen y otros 15 días de plazo establecidos para que el juez pueda dictar la resolución.

En el caso de las audiencias, deben realizarse en un plazo de 3 a 5 días o más para agilizar el proceso lo que permitirá que la resolución del proceso de acogimiento se tenga en 8 meses y en 11 meses ya con adopción terminada.

Quiénes pueden adoptar: el matrimonio o unión de hecho cuyos integrantes constituyen la familia ampliada

del niño, niña y adolescente, un integrante de la familia ampliada del niño, niña y adolescente, el matrimonio o unión de hecho cuyos integrantes constituyen la familia acogedora del niño, niña o adolescente, el matrimonio o unión de hecho cuyos integrantes no se encuentren contemplados en los incisos anteriores y una persona soltera o viuda.

Requisitos para adoptar:

Las personas adoptantes deberán cumplir los siguientes requisitos: Tener una diferencia de edad con la persona que pretenda adoptar, no menor de 25 ni mayor de 60 años. En el caso de una pareja, la diferencia se considerará respecto al adoptante más joven, los cónyuges adoptantes deben tener tres años de matrimonio y cuatro años de convivencia como mínimo para las uniones de hecho.

Además deben contar con idoneidad para dar cumplimiento a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y a su desarrollo integral.

Impedimentos para adoptar

No podrán adoptar quienes hayan sido condenados por la comisión de hechos punibles: contra la vida, la integridad física, la autonomía sexual, de violencia familiar, contra niños y adolescentes, de violación de las reglas de adopción, de tráfico de niños, niñas y adolescentes, de violación del deber de cuidado o educación, de violación de la patria potestad, de incumplimiento del deber legal alimentario, de incesto, y contra la libertad, conforme a lo establecido en el Código Penal y otras leyes especiales.

Tampoco podrán adoptar las personas que tengan un comportamiento o prácticas que pongan en riesgo el desarrollo armónico e integral del niño, niña o adolescente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.