El proyecto aprobado por la Cámara de Senadores modifica los artículos 30 y 33 de la ley 1340/88 que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes, de tal manera que aquellas personas que precisen de la planta, o los representantes legales de éstas, estén exentas de pena alguna por sembrar y procesar la marihuana para uso exclusivo medicinal.

Los artículos del proyecto establecen que aquellas personas que precisen del autocultivo del cannabis deberán indefectiblemente contar con un certificado médico que deberá estar visado por el Ministerio de Salud Pública, el cual certificará que el paciente padece alguna dolencia tratable con el aceite de cannabis.

“Hay gente que está haciendo clandestinamente y me parece una barbaridad que se criminalice siendo que recurren al aceite de cannabis para paliar la dolencia de sus hijos”, afirmó el senador Víctor Ríos, proyectista en contacto con 1080AM.

Consideró una hipocresía la llamada guerra frontal a las drogas siendo que todos los días llegan cargamentos con kilos de marihuana recorriendo el país y nadie lo ve.

En la exposición de motivos, los proyectistas Patrick Kemper y Víctor Ríos expusieron que el derecho a acceder al autocultivo del cannabis con fines medicinales, destacaron que es parte integrante del derecho humano a la salud ya que personas de escasos recursos están obligadas a comprar aceite de cannabis importado a precios prohibitivos y no otorga una real posibilidad para quienes realmente necesitan esta medicina.

El aceite de cannabis autorizado tiene dos presentaciones con precios de 1.800.000 guaraníes para tratar la epilepsia refractaria y 1.314.000 guaraníes para patologías como la esclerosis múltiple, cáncer de huesos o páncreas, entre otros.

en el argumento de los proyectistas incluyen lo manifestado por el neurólogo pediátrico Víctor Gaona de que se observó tras el tratamiento con cannabis una mejora del estado general con mejor alimentación y calidad del sueño, mejor manejo del dolor y disminución de las crisis de las convulsiones.

Por su parte, el doctor Manuel Fresco, director del Centro de Adicciones afirmó que la elaboración casera de estos productos no es inusual ya que el cannabis es conocido por sus propiedades anti convulsionantes, analgésicas y antiinflamatorias y además se acostumbra aplicarse fricciones sobre la piel para dolores.

El proyecto pasa a Diputados para su estudio y posteriormente al Ejecutivo.

Desde la organización Mamá Cultiva celebran el paso dado para la promulgación de la ley para el cultivo seguro para acceder a la medicina que les da alivio para las dolencias de sus hijos que padecen diversas enfermedades.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.