Se hizo viral en las redes sociales el reclamo de una joven que buscaba terapia intensiva para su abuelo que dio positivo a Covid-19, al no encontrar respuestas de parte del Estado y al necesitar la suma inicial de 20 millones de guaraníes para internar a su familiar en el servicio privado.

El Dr. José Zarza, presidente de la Asociación de Sanatorios Privados, fue consultado en la radio Universo y canal Gen si con la nueva ley no se exime a los familiares al pago inicial para la internación de los pacientes con Covid, a lo que respondió que existen mecanismos para acogerse a la normativa, aunque recoció que la ley no se cumple por diversos factores.

Comentó que existe mucha burocracia administrativa y que la gente no entiende el procedimiento para hacer su solicitud. “Para que las personas sean beneficiadas deben darse requisitos previos de comunicación al Ministerio, caso contrario esta institución no reconoce su caso para el pago. Si la gente no hace ese paso, entonces debe asumir de manera particular el pago de la internación”, detalló.

“Hay pacientes derivados de un servicio público pero no se cumple con el requisito establecido en la reglamentación de la norma, que es la comunicación oficial al Ministerio de Salud vía SEME y del sanatorio privado, solicitando acogerse al beneficio. Hasta tanto no se concrete el trámite, se debe pagar por la internación”, siguió explicando.

Zarza indicó que hay otras dificultades para la implementación de la norma, como la demora para el pago tras presentar los expedientes por internación a Salud Pública para que este se haga cargo. “Nosotros seguimos con el problema del no pago. Realmente es una situación que se alargó mucho”, dijo y resaltó que actualmente el Ministerio está abonando deudas atrasadas por otros conceptos, no así por las nuevas internaciones que se dan por Covid-19.

Por último refirió que las camas están totalmente ocupadas en este momento y que hay una larga cola en SEME de gente que está esperando conseguir un espacio disponible.

CÓMO ACOGERSE A LEY DE COBERTURA DE UTI

La Ley Nº 6.725/21 crea un fondo nacional para la cobertura de gastos durante la hospitalización en UTI de personas con covid-19 en los sectores públicos, privados y previsionales, y la adquisición de medicamentos esenciales.

Para acogerse a los beneficios de la norma, el familiar, el responsable, el hospital o sanatorio privado, si corresponde, debe hacer llegar una nota dirigida a la cartera sanitaria al correo electrónico secretaria.general@mspbs.gov.py. En todos los casos el hospital o sanatorio privado debe comunicar al SEME el ingreso del paciente a la Unidad de Terapia Intensiva.

Se deberán especificar en la nota las siguientes informaciones: nombres y apellidos completos del paciente con número de C.I. y nombre del hospital o sanatorio privado en el que se encuentra internado. La fecha y hora de ingreso deben corresponder con historia clínica; detalle de cobertura del seguro médico y reaseguro si corresponde.

Con el pedido presentado, Salud iniciará el proceso de verificación para posteriormente poder comunicar al hospital o sanatorio privado que el paciente es beneficiario.

A fin de proceder con los pagos respectivos al hospital o sanatorio, deberá existir un convenio suscrito con la cartera estatal. Para las consultas, el Ministerio habilitó el (021) 204-645 o el correo terapia@mspbs.gov.py.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.