A raíz del rechazo del citado decreto por parte de los senadores, la Ley N° 6534/2020 “De protección de datos personales crediticios” o ley Informconf pasa a consideración de la Cámara de Diputados.

López Arce celebró la ratificación de la Cámara Alta y manifestó que gracias a este hecho se renuevan las esperanzas de conseguir empleo para muchos compatriotas.

Añadió que la misma es una lucha contra la discriminación y cree que en agosto ya estaría ratificada, si todo va bien.

La Ley de Informconf busca que los informes sobre deudas de personas que estén buscando empleo no se compartan de modo que no perjudique a personas que quieren trabajar.

“Esta Ley también hará que sea controlada por el Banco Central del Paraguay. Además que sean multadas aquellas empresas que miren Informconf o hagan llenar documentos para mirar por acceso al empleo. Los valores no se miden por las deudas”, expresó el director de Empleo.

Asimismo, sostuvo que unas 50.000 personas, solo durante la pandemia, ingresaron al citado sistema.

La política de la mayoría de las empresas es mirar antecedentes comerciales y deudas que puedan tener los que puedan ser contratados para los puestos vacantes.

Es especialista explicó que, muchas personas que buscan empleo no pueden conseguirlo debido a la información que circula referente a sus deudas.

“Si una persona tuvo algún tipo de mora hace más de 20 años, la entidad bancaria te dará un alto interés en el hipotético caso de que te otorgue un crédito. Buscan castigar de por vida a quien tuvo mora alguna vez en la vida”, refirió.

Cabe recordar que el mes pasado, a través del Decreto Nº 3.652, el Poder Ejecutivo vetó parcialmente los artículos 9, 17 en sus incisos g) y e), 19 y 30, por lo que la iniciativa sancionada por la Cámara de Senadores el pasado 28 de abril vuelve al Congreso Nacional. En este caso, ambas cámaras (Diputados y Senado), deben aceptar las objeciones del Ejecutivo o mantenerse en su versión.

¿Cómo controlar si una empresa o consultoras accedieron a los datos de Informconf?

El especialista explicó en su red social Twitter, que si alguien tiene sospecha de que alguna empresa accedió a sus datos en Informconf, el afectado debe ir Equifax o Aquí pago con la fotocopia de su cédula para retirar su Informconf.

Mediante el documento se podrá verificar si miraron o no. “Si lo hicieron con el documento de prueba, se puede hacer la denuncia en Sedeco, después de las primeras multas ya no se mirará”, menciona parte de su publicación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.