En dicha reunión, el senador Abel González indicó que este proyecto tiene su origen en el Poder Ejecutivo, con el objetivo de propulsar un proceso de modernización del sistema normativo del país.

En esa ocasión, la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer junto al abogado Edgar Taboada, del Ministerio de Justicia realizaron las explicaciones del proyecto.

La ministra indicó que el documento es necesario para generar un clima propicio para la atracción de inversiones, lo que contribuirá al dinamismo comercial y potenciar el desarrollo económico del país, especialmente luego de esta crisis de la pandemia.

La secretaría de Estado también desplegó ante los participantes varios indicadores de insolvencia y manifestó que este proyecto “dará oportunidad a las empresas que se encuentran ante un riesgo de insolvencia de resurgir sanamente” y ayudará a aquellas que se encuentren en inminente incapacidad de cumplir con sus obligaciones.

Cramer resaltó que será una herramienta para conservar empleos y seguir operando mientras dure su proceso de resurgir económicamente.

Por su parte, el abogado Edgar Taboada, señaló que con esta Ley, las empresas que estén en situación de quiebra pasen a un estado de protección, a través de un acuerdo extra judicial.

En septiembre de 2019, el senador Fernando Silva Facetti se reunió con Pascual Barrios, viceministro de Justicia y expertos internacionales del Grupo Banco Mundial, en el marco de la presentación técnica del Proyecto de Ley, donde mencionaron que era para “mejorar el Clima de Negocios” en nuestro país.

En esa ocasión, indicaron que la propuesta pretende dar la oportunidad de recuperación empresarial, satisfaciendo el interés social al preservar una fuente de empleo y de ingresos tributarios y también producir beneficios a los acreedores al aumentar la expectativa de recuperar sus créditos.

El proyecto de Ley de Resolución de Insolvencia -que modifica la actual Ley de Quiebras- establece un plazo muy corto para que los deudores encuentren alternativas para regularizar sus obligaciones y además pueden perder sus bienes en nombre de sus deudas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.