El debate sobre la creación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones despertó un recelo en ciertos sectores que verían afectados sus intereses particulares por sobre los de los aportantes de las diferentes cajas jubilatorias, muchas de ellas en riesgo de colapso por sus malos manejos.

Actualmente, gran parte de la plata del fondo de jubilaciones se mete en los bancos (por ejemplo mediante los Certificados de Depósito de Ahorro – CDA). En el caso de aprobarse la propuesta, el dinero de los aportantes de las diferentes cajas tendrá además otros destinos, no solo los fondos de las entidades bancarias, lo cual abrirá las oportunidades a mejores inversiones.

Sin embargo, la apertura de un importante abanico de opciones para destinar el dinero de las cajas, no es del agrado de ciertos sectores. En ese sentido, el senador liberal Dionisio Amarilla, quien impulsa la iniciativa reguladora de las cajas jubilatorias, expuso públicamente el trasfondo que existe en torno a la campaña impulsada por el Grupo Zuccolillo mediante su diario ABC Color contra la creación de una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Para ello, dio a conocer un informe elaborado por el departamento de inversiones financieras del IPS, el cual expone cifras monumentales manejadas por los bancos, entre ellos Atlas de la familia Zuccolillo. En esta entidad bancaria, el fondo común de jubilaciones y pensiones de la previsional se invierte en CDA por G. 170 mil millones con una tasa de solo 8,55 % y en fideicomisos por G. 694.675 millones con una tasa de interés del 10,60% y a 20 años de plazo, dando un monto total de G. 864.675 millones. Sumando ambos, se obtiene la cifra de US$ 116 millones que fueron colocados de los fondos jubilatorios en este banco.

Los números expuestos dejan en evidencia que el sistema actual beneficia de sobremanera al banco de los Zuccolillo, y hacen sospechar que el interés real de los ataques a la propuesta que abrirá la cancha, se debe al temor de perder el control sobre esos millonarios fondos, para lo cual utiliza el medio periodístico en una campaña abierta contra la iniciativa.

En su operación, el diario ABC Color planteó que la propuesta libera criterios para los préstamos al Estado con plata de los fondos jubilatorios y calificó que existe un riesgo de “estatizar” los recursos de las previsionales, bajo el argumento de que el Estado acumula una deuda de US$ 570 millones solo con el IPS.

BONOS DEL ESTADO GOZAN DE GARANTÍA

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que hoy por hoy los bonos que emite el Estado paraguayo gozan de total garantía, por lo que son una buena inversión. Según su postura, históricamente se puede observar que el Estado sí es buen pagador y que el IPS perdió dinero con sus inversiones realizadas, algunas en el sistema financiero.

La autoridad subrayó que la situación económica de Paraguay se encuentra cerca de poner al Estado al grado de inversión, máximo estatus a que acceden muy pocos países, y resaltó que los sofisticados inversionistas califican a los bonos paraguayos como lo más valioso que existe en cuanto a inversión.

Entonces, ¿por qué negarle al IPS la posibilidad de negociar mejor sus fondos jubilatorios si históricamente se metió la mano en la lata para beneficios de unos pocos y en perjuicio de los aportantes a la caja?

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.