Al respecto, el Dr. Manuel Fresco, psiquiatra y director del Centro de Adicciones, calificó de “muy importante” que haya sido promulgada la Ley de la Salud Mental, porque el proyecto fue trabajado por múltiples instituciones estatales y no gubernamentales.

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“El proyecto es un elemento de resguardo que cuida al paciente o al enfermo mental de los abusos, sobre todo de las internaciones involuntarias. Resulta que cuando uno tiene trastorno mental severo o trastorno bipolar, la persona con este tipo de enfermedad no tiene capacidad de discernimiento, entonces, la familia puede pedir una internación involuntaria”, explicó en diálogo con la 1000 am.

En ese contexto, dijo que está fijado el tiempo que una persona puede estar internada, además de los mecanismos de internaciones y evaluaciones, destacando que los ejes principales se centran en la reforma de la salud mental y en la necesidad de crear estrategias eficaces y viables para promover, resguardar y recuperar la salud mental.

“Realmente es un avance importante”, destacó.

Por su parte, el Dr. Luis Taboada del departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, consideró a la normativa como una “piedra fundamental” en la construcción de una reforma referente de la salud mental en el país, sobre todo en pos de generar planes que estén en coherencia con la citada ley.

“Se dio un paso importante en cuanto a salud mental, sobre todo porque se busca posicionar a la Dirección de Salud Mental para que ésta tenga una mayor influencia en la toma de decisiones y se pueda llevar a cabo dicha reforma”, explicó.

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En cuanto a la inclusión de términos como “género” e “interculturalidad”, señaló que tienen que ver con reclamos referentes a Derechos Humanos que vienen desde afuera, enmarcándose esto bajo dicho enfoque.

Asimismo, recordó que hay muchas personas que están olvidadas desde hace años en el Hospital Psiquiátrico y buscan que los vínculos con las familias ya no se corten en ese sentido.

Cabe mencionar que la nueva ley busca asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, una atención humanizada centrada en la persona y su contexto psicosocial, que no aísle al usuario de su medio, y el pleno goce de los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales y en la legislación nacional, de aquellas personas con trastorno mental, que se encuentran en el territorio nacional.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.