José Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), indicó que la ley del Fonavis (Fondo Nacional de la Vivienda Social) entró en vigencia en el 2012 con mucho éxito para destinar un presupuesto para construir las viviendas para las familias más vulnerables, pero que falta una reglamentación que asegure procesos transparentes.

Los empresarios de la construcción agremiados a la Capaco cuestionan la forma discrecional que se maneja el dinero público. Se eligen empresas tipo asociaciones que hacen el trabajo social, reciben el dinero y contratan a las empresas para hacer las casas. No se hacen licitaciones o concurso de precios.

Exigen que el sistema de adjudicación sea transparente y mediante la baja electrónica, con oportunidad para todos. Denuncian que actualmente empresas que no se dedican a la construcción aparecen como seleccionadas entre ellas figuran agroganaderas, grandes firmas exportadoras e importadoras y solo algunas pocas constructoras.

Otro aspecto cuestionado por el gremio de la construcción es que empresas que han sido adjudicadas en licitaciones regidas por la ley 2051 de Contrataciones Pú

blicas, cuyos niveles de calificación son muy superiores a los exigidos para integrar la lista del Fonavis no hayan sido seleccionadas por los Servicios de Asistencia Técnica para la ejecución de viviendas.

La ley del Fonavis estable el Servicio de Asistencia Técnica (SAT) como intermediarias entre el ministerio y los proyectos de urbanización. Estas son empresas privadas, seleccionadas sin un proceso de licitación y que se encargan del relevamiento de datos para luego señalar en qué sector existe un déficit habitacional.

Actualmente el 90% de las viviendas encaradas por la administración de Dany Durand son ejecutadas a través del Fonavis y los pocos llamados bajo la ley 2051 de Contrataciones Públicas son por la vía de la excepción o de megaproyectos dejando escaso margen a la transparencia.

LAS PREGUNTAS QUE DURAND DEBE RESPONDER.

– El Ministerio de Urbanismo contrata al servicio de asistencia técnica (empresas privadas) y ésta a su vez contrata a la constructora encargada. ¿Cómo se vincula el Estado con la constructora? ¿Cómo se evitan casos de colusión?

– El Ministerio de Urbanismo dice que todo se publica en la Web, sin embargo solo se publica el resultado final, es decir donde se construyen las viviendas, cuáles son las constructoras y cuánto se le da a la empresa, eso no es transparentar. ¿Cómo se garantiza que el proceso de selección de las SAT y las empresas constructoras sea transparente y que todas participen en igualdad de condiciones?

– ¿Cuál es el mecanismo de transparencia que se aplica a los proyectos de construcción de viviendas vía Fonavis? En época de Soledad Núñez se aplicó un convenio con el BID, ¿Eso sigue vigente?

– ¿Por qué el Ministerio no pública todo el proceso de selección de las empresas que participan en Fonavis?

– Los mayores casos de corrupción se han detectado bajo la aplicación del Fonavis, se aplican auditorías al proceso, ¿Dónde se publican los resultados?

– ¿Cómo se explica que empresas que se dedican a la importación, a la exportación o incluso agroganaderas participen de la construcción de viviendas?

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.