Con la aprobación de una ley de donación de órganos que no requiera la autorización previa de la familia para proceder a la ablación de órganos de una persona fallecida deja más abierta la posibilidad de generar un rechazo generalizado antes que lograr más inscriptos en el registro como donantes, afirmó el doctor Gustavo Melgarejo, director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT). El profesional abogó por insistir en la educación y que las personas entiendan el proceso de donación porque una vez que eso se logra, el rechazo es mínimo.

Recordó uno de los tantos momentos en que por rechazo de la familia no se concretó una donación cardiaca pese que se realizó un arduo trabajo en procura del órgano. “Cuando la familia entiende el proceso todo es más rápido, entender el concepto es fundamental de lo contrario ocurren estas situaciones y se pierde la posibilidad de realizar el trasplante”, afirmó.

El profesional destacó que la esencia de la donación es el altruismo por lo tanto, debe ser un acto voluntario. “Una ley debe ser debatida para ser eficiente y se avanzó bastante en cuanto a la donación de órganos pero debemos también avanzar como sistema de salud, mejorar el sistema de búsqueda de donantes, tener los equipos necesarios para actuar con rapidez cuando se tiene un potencial donante y no perder la oportunidad de concretar un trasplante”, señaló.

Dos meses atrás, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la Ley Justina que convierte a toda persona mayor de 18 años en donante obligatorio, reemplazando así la consulta obligatoria a la familia de la persona fallecida para convertirla en donante salvo que, la persona haya expresado en vida su decisión de no ser donante. Con la aprobación de la normativa, en el vecino país se abrió un debate a favor y en contra de la obligación de convertirse en donante y propició que más de un millón de argentinos se declarara no donante.

Desde la vigencia de la legislación del donante en Paraguay desde 1996, toda persona mayor de 18 años es donante presunto salvo que haya expresado en vida su decisión de no ser donante y previa autorización de la familia. Si la familia no lo permite, no hay donación. Muchos procedimientos quedaron truncos por decisión de la familia pese a que en vida la persona fallecida haya dado su consentimiento para la donación de sus órganos, lamentó Melgarejo.

Los casos exitosos de trasplantes también contribuyen a que más personas se animen a convertirse en donantes. Los de médula por ejemplo no registran mortalidad así como los de corazón y hepáticos que dentro de su complejidad sí forman parte de las estadísticas positivas y en menos la cantidad de rechazo agudo del órgano una vez trasplantado.

“Tenemos mucho camino por recorrer”

El doctor Melgarejo que por más de una década formó parte del equipo de ablación de órganos del INAT recordó que Paraguay está en camino, avanza lento en la cultura de la donación de órganos y que además de fortalecer la educación, el país necesita un mejor sistema de salud que priorice por ejemplo los trasplantes y que la dialización no sea el primer paso para un paciente renal ni entrar en lista de espera. “Acá el paciente renal entra en lista de espera, no se tiene el donante y va a diálisis y tiene que ser la prioridad el trasplante. Tenemos que cambiar el chip, tenemos la capacidad pero falta la voluntad para cambiar muchas cosas. Hay que fortalecer los equipos de procura, mucha capacitación y programas permanentes de trasplante. Hay que poner las vías para que el tren funcione con mayor capacidad de presupuesto y programas que permitan que la gente que necesita un trasplante reciba acá la atención sin tener que migrar a otros países”, puntualizó.

La proyección en cuanto a procedimientos de esta naturaleza, Melgarejo adelantó que se requiere la inclusión de los trasplantes de pulmón y los hepáticos infantiles.

En Paraguay se mantiene en lista de espera 224 personas siendo los trasplantes renales y de córneas los más solicitados con 83 y 124 pacientes, respectivamente. La lista continúa con 11 en espera de un corazón y 6 de hígado.

Confidencialidad

La legislación paraguaya contempla el principio de confidencialidad de los datos tanto del donante como del receptor con el propósito de preservar la credibilidad y confianza pública en la actividad de procuración y trasplante. La divulgación de datos personales atenta contra el espíritu de la donación de órganos, que es anónima, voluntaria, altruista y desinteresada, se fundamenta tanto en el respeto a la intimidad, como en la prevención de posibles daños a las personas involucradas (donante, familia del donante, receptor y familia del receptor).

Desde la familia del donante: para quien ha perdido un ser querido, el inicio del proceso de duelo es determinante. En algunos casos, la donación y el trasplante pueden generar fantasías en relación a la prolongación de la vida del donante en el receptor. Es por ello que, difundir, facilitar y alentar la relación con los receptores puede interferir en el duelo y generar vínculos basados en la negación de la muerte.

Desde el trasplantado y su familia: en el proceso de asimilación del órgano recibido, podrían surgir sentimientos de culpa por la muerte del donante y fantasías ligadas a la identidad del donante. Estos sentimientos pueden traer aparejada la sensación de «deuda» y de angustia por no saber cómo compensar a la familia del donante.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.