El proyecto «Por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas», presentado bajo la necesidad de apagar un incendio de 600 millones de dólares adeudados a farmacéuticas y vialeras, no pretende desconocer las deudas con otros sectores, pero sí conseguir financiamiento para las de mayor volumen.

“Estos sectores no van a ser los únicos, cada ministerio tiene su presupuesto y con ese manejo van a ir resolviendo, pero una deuda de 350 millones es inmanejable si uno quiere utilizar su presupuesto actual”, comentó el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, en contacto con Gen- Nación Media.

Como ejemplo mencionó que el Plan de Gastos de Salud Pública del año que viene, en lo que refiere netamente a medicamentos, es de USD 300 millones de dólares, es decir, ni si utilizara el 100 % de esos recursos, no alcanzaría para cubrir el pasivo, por lo tanto, al tratarse de sumas siderales, la única salida es la búsqueda de un financiamiento.

Sobre este punto, detalló que, el 87 % del Presupuesto General de Gastos de la Nación va destinado a gastos corrientes, entre ellos, salarios, deudas y prestaciones. El 13 % restante para los demás tipos de gastos, por lo tanto, no hay margen de maniobra que alcance para cubrir las deudas atrasadas.

En cuanto al cuestionamiento de las medidas extraordinarias y de los supuestos superpoderes concedidos al Ejecutivo a través de esta ley, el ministro explicó en qué consisten las autorizaciones contempladas en los artículos 5 y 6.

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Por ejemplo, existe un financiamiento de USD 120 millones de dólares para una obra de infraestructura, pero el límite de lo que se puede gastar este año es de 100 millones. Es decir, esa obra dispone de los 120 millones en los papeles, pero carece de lo que denominan créditos presupuestarios para completar el total.

Lo que la legislación plantea es habilitar a que el Ministerio de Economía conceda ese dinero que ya está presupuestado y que no implica sacar recursos de otros rubros, sino,-de ser necesario- permitir la ejecución del 100 % previsto, en lugar de limitarlo.

“Los recursos están, lo que se necesita son los créditos presupuestarios para que se pueda gastar en esa línea, una reasignación de los créditos presupuestarios”, indicó.

Lo mismo sucede con Tekoporä Mbarete, donde se dispuso un incremento del 25 %, pero el presupuesto actual no contempla esa diferencia.

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LA LEY

El proyecto otorga autorización para la contratación de empréstitos hasta US$ 600.000.000, para lo cual,  faculta al Ministerio de Economía a la emisión y colocación de Títulos de Deuda del Tesoro Público en el mercado local o internacional, que permitan captar recursos hasta el monto mencionado.

También se podrá suscribir contratos de préstamos con organismos financieros internacionales, multilaterales, bilaterales y de ayuda oficial hasta dicho monto

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.