La ministra calificó el hecho como algo trascendente ya que ayudará a proteger a los niños, niñas y adolescentes contra todo tipo de abuso y violencia.

Habló sobre la importancia de dicha Ley, debido a que se basa en la protección de los niños, niñas y adolescentes, poniendo énfasis en su interés superior y que define claramente que dicho interés prevalece sobre cualquier otro tipo de normas que entren en forma de conflictos sobre derechos.

Este registro será un sistema de información gratuito a cargo del Poder Judicial, sujeto a reserva, donde se asientan los datos de los agresores sexuales, consignando su identidad, perfil genético, penas y medidas de seguridad impuestas por la comisión de cualquier hecho punible de índole sexual, de manera actualizada y en tiempo real, sostuvo la ministra.

Asimismo, indicó que pretende ser una herramienta para la investigación y persecución de crímenes de este tipo.

Por ende, el Poder Judicial será la autoridad competente para organizar, elaborar, implementar, desarrollar, administrar, monitorear, actualizar y controlar el cumplimiento de las obligaciones para la funcionalidad del Registro Nacional de Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes.

La titular de la Niñez apuntó que la finalidad de la citada Ley es prevenir el contacto directo de niños o adolescentes con personas condenadas por hechos de índole sexual. También promover la cooperación nacional e internacional contra los delitos sexuales mediante la interacción de instituciones públicas y privadas.

Ley N° 6572

La presente Ley tiene por objeto la creación del Registro Nacional de Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes y el Banco Genético con el propósito de establecer mecanismos de protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia, frente a agresores sexuales, que hayan cometido hechos punibles contenidos en la presente Ley y proveer herramientas que faciliten la investigación y persecución penal teniendo en cuenta su grado de peligrosidad con el fin de evitar la reincidencia.

Su aplicación rige para todo el país sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales suscritos en esta materia, ratificados y canjeados por la República.

Tiene por finalidad prevenir el contacto directo o indirecto de los niños, niñas y adolescentes con personas condenadas por los hechos punibles de índole sexual descriptos en la presente Ley.

Además, la de promover la cooperación nacional e internacional contra los hechos punibles de índole sexual previstos en la presente Ley, para la colaboración e interacción entre las instituciones públicas y privadas.

También proporcionar herramientas para la investigación y persecución de los hechos punibles de índole sexual.

Disponer el alcance de las obligaciones dispuestas en la presente Ley a los Juzgados en relación a la inclusión de los agresores sexuales y establecer plazos.

Instaurar los órganos competentes que coordinen las acciones tendientes al cumplimiento de la presente Ley.

El Registro deberá contener los siguientes datos: nombres y apellidos y se deberán consignar los apodos, seudónimos o sobrenombres; fotografía actualizada del condenado, echa y lugar de nacimiento.

Además, nacionalidad, documento de identidad o pasaporte en el caso de personas extranjeras, perfil genético, descripción de los hechos por los cuales fue condenado, que determine su grado de culpabilidad y el órgano jurisdiccional que la expide.

También la dirección del domicilio en el que residirá, una vez en libertad y dirección del trabajo, puesto y nombre del empleador.

En ningún caso se publicará la identidad de las víctimas de los agresores sexuales, en el marco de la protección contra la re victimización.

Una vez que la sentencia condenatoria se encuentre firme y ejecutoriada, el Juzgado competente ordenará inmediatamente la inscripción en el Registro Nacional de Agresores Sexuales, la cual será de carácter permanente.

Para saber más acerca de la Ley, puede ingresar a la página: http://www.minna.gov.py/

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.