“Vamos a hacerla corta. Metimos la pata, yo creo que hay que rever eso”, respondió el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis en contacto con la 730 AM, en relación al proyecto que libera a Petropar de la ley de compras públicas.

Explicó que la intención era eximir a los accionistas y gerentes de proveedoras internacionales, de la presentación de declaraciones juradas, ya que ninguno podía cumplir este requisito las tres veces que la ley lo disponía y esto obligaba a Petropar a buscar intermediarios para las adquisiciones.

“Actuamos de buena fe, yo reconozco que me equivoqué”, expresó el senador Buzarquis y sostuvo que espera que la situación pueda corregirse.

El proyecto que se socializa bajo el rótulo de “eliminación de intermediarios” fue aprobado en el Senado con las modificaciones planteadas vía secretaría por el senador Enrique Salyn Buzarquis. El texto quedó así:

Artículo 1: Exceptúase a toda persona jurídica del exterior así como a sus directores, gerentes, socios, accionistas y similares, dedicada a la comercialización de hidrocarburos con debida experiencia probada, que participe de procesos de contrataciones  o que de algún modo  contrate con Petropar para la provisión de los combustibles derivados del petróleo y biocombusibles, de la aplicación de la ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas y  6355 /2019 que modifica los artículos 1,3,4,7,13 y 21 de la ley que Reglamenta el artículo 104 de la CN, de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los funcionarios públicos y amplía las disposiciones de la ley 2051/03 y sus modificaciones y normas respaldatorias

Asimismo, Petropar queda exceptuada de las obligaciones de la ley 6355/2019, respecto a los proveedores que contrate con esta, en relación al párrafo precedente

Artículo 2: Petropar deberá transparentar la estructura de costos de los productos combustibles derivados del petróleo y bicombustibles que adquiera en el marco de la presente ley, debiendo publicar los datos y contratos en su página web institucional, además de remitir al Congreso Nacional mensualmente la rendición de cuentas de las compras realizadas con la documentación que respalde cada operación.

La ley 2051 de Contrataciones Públicas establece el Sistema de Contrataciones del Sector Público y tiene por objeto regular las acciones de planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control de las adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció el viernes pasado que promulgará la ley sancionada por el Congreso y que la herramienta del veto la utiliza en casos muy extremos.

En una conferencia desarrollada este viernes, autoridades de la Municipalidad de Asunción, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Ministerio del Interior, entre otros, dieron a conocer el nuevo proyecto que tiene como protagonistas a los cuidacoches.

Se trata de un plan integral que apunta a la inserción en el mercado laboral de los trabajadores de este sector, a través de la formación y la capacitación en diversos rubros.

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Para el efecto, se ofrecerá un programa de formación continua a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sinafocal, enfocándose en áreas con salida laboral.

Así también, se prevé la creación de una Bolsa de Empleo específica para los beneficiarios del proyecto y la promoción de la plataforma “Emplea Py”, habilitada hace unos meses por el MTESS.

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La finalidad es ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de vida de los cuidacoches que trabajan en Asunción, así como también de sus familias, a modo de que también puedan dejar las calles para desempeñarse en actividades formales.

A la fecha, alrededor de 350 personas que realizan esta actividad se encuentran censadas por la Municipalidad de Asunción.

Autoridades y funcionarios del TSJE encabezaron el acto de habilitación del quinto Centro Cívico de la ciudad de Asunción, ubicado en el barrio San Roque.

Derlis Larrosa, vicedirector del Registro Electoral, señaló que el objetivo de estos nuevos espacios es dar mejores servicios a los ciudadanos y estar a la altura de las exigencias que competen a la institución.

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Por su parte, Francisco Olmedo, director de Recursos Electorales, señaló que, así como estuvieron en los diferentes procesos electorales, también estarán muy de cerca con la población y seguirán brindando su trabajo a las organizaciones sociales que así lo requieran.

Cabe recordar que la Justicia Electoral dispuso la reestructuración de las Oficinas de Registros Electorales, pasando a convertirlas en Centros Cívicos, a fin de ampliar las opciones para la ciudadanía.

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En estos espacios se ofrecen diversos servicios, incluyendo inscripciones o actualizaciones de datos en el Registro Cívico Permanente (RCP), recepciones de solicitudes del Voto Accesible, asesoramiento técnico y logístico a organizaciones intermedias y todo el acompañamiento a las instituciones educativas para las Pasantías Educativas, Laborales y Socio Comunitarias.

La propuesta legislativa pretende dar una solución a la problemática del servicio de transporte público, mediante la creación de una empresa de transporte público que competirá con las empresas privadas.

El documento consta de 19 artículos, tiene como finalidad un cambio estructural al sistema de transporte urbano, mediante la unificación de la rectoría del sector transporte, responsable de reorganizar todos los itinerarios para optimizar e integrar el transporte urbano de pasajeros, así como la creación de la empresa pública de transporte que garantice la prestación del servicio de transporte urbano en todo el territorio nacional.

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Al respecto, el senador indicó que con la unificación de la rectoría, la reorganización de los itinerarios tomando como base el Plan CETA elaborado con la Cooperación Japonesa de la (JICA), se espera que el sistema de transporte funcione en forma eficiente, con una reducción significativa de costos.

Destacó además que la implementación de esta Ley ahorrará gastos en salud pública, por accidentes de tránsito, enfermedades respiratorias y en reparaciones de la infraestructura de transporte. El objetivo es que las personas que usan vehículos particulares (motos y autos) prefieran pasarse al transporte público por su alta calidad.