El intento por llevar a un juicio político a la fiscal general del Estado es una muestra de desesperación del sector oficialista y de la oposición, ya que no hay ningún argumento para destituir a la titular del Ministerio Público y todo hace suponer que esto se trata de una cuestión meramente política.

A continuación un resumen de los 11 puntos contenidos en el libelo acusatorio y las actuaciones del Ministerio Público en cada caso:

1 – Blindaje a Horacio Manuel Cartes Jara

El escrito acusa a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, “por mal desempeño de funciones, consistente en la inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción de los autores y cómplices de hechos punibles graves que involucran a Horacio Cartes, durante su gestión presidencial (2013-2018), y en los años posteriores, cuya impunidad auspiciada por la Fiscalía General del Estado, ha derivado en que en fecha 22 de julio del corriente, sea designado como “significativamente corrupto”, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos”.

Al respecto, es importante recordar que en la actualidad existen varias causas abiertas en las que se investiga la eventual participación de Horacio Cartes en distintos hechos que podrían tener relevancia penal. A la fecha se encuentran en plena etapa de investigación con la permanente y constante colaboración de las autoridades de los Estados Unidos con las que el Ministerio Público tiene una relación estrecha y fluida de intercambio de información, en el marco de la cooperación internacional, las que aún no se encuentran concluidas.

En el escrito de la acusación además se menciona el reciente caso del avión carguero venezolano-iraní que transportó los cigarrillos de Tabesa.

Sobre el punto, en reiteradas ocasiones se aclaró que Tabesa no contrató ni pagó al avión carguero, sino más bien lo hizo el destinatario final mediante un bróker (intermediario). Respecto a participación fiscal, aquí se dispuso la apertura de una causa tras la denuncia hecha por un funcionario de la DINAC que reveló que las dependencias del propio Poder Ejecutivo estaban al tanto de la tripulación iraní pero nada hicieron para impedir su ingreso o demorarlos cuando ya estaban acá. Un dato no menor es que la Policía Nacional dispuso un sospechoso resguardo a los extranjeros a su llegada al país.

Otro punto que se señala en este ítem del libelo acusatorio es la “impunidad para Horacio Manuel Cartes Jara en el caso Messer”.

Sin embargo, hay que recordar que Cartes fue investigado por la justicia brasileña y esta determinó que no existió ningún delito en su actuación, ya que el dinero entregado al doleiro estaba justificado, porque fue para su asistencia jurídica. El dato no menor es que en Paraguay no puede investigarse un supuesto delito (que luego se corroboró que no fue tal) ocurrido en otro país.

2 – Caso Darío Messer: deliberada inacción del Ministerio Público

En este punto, los que propician el juicio político esgrimen que “el Ministerio Público hizo caso omiso a las conclusiones de la Comisión Bicameral conformada en octubre de 2018, para investigar la conducta del ciudadano brasileño Darío Messer, ante la sospecha de operaciones de lavado de dinero y delitos conexos en Paraguay”.

Sin embargo, en realidad el propio Ministerio Público de Brasil destacó como fundamental la cooperación de la Fiscalía de Paraguay con información que fue aportada para la detención de Dario Messer en Brasil y otras cooperaciones interinstitucionales. El Procurador José Augusto Simoes Vago, agente fiscal que coordinó el equipo de investigadores en Rio de Janeiro, destacó como fundamental todos los trabajos que se realizaron en forma conjunta.

“Desde la Operación Cambio Desligo que fue desglosada en mayo de 2018 por el Ministerio Público Federal Brasileño, a través del caso Lavajato, nosotros pedimos la prisión de cerca de 50 doleiros (cambista), entre ellos el líder de esa organización especializada en Lavado de Dinero quien se mantuvo prófugo desde entonces, desde mayo 2018. Inmediatamente pasamos a tener una comunicación con el Ministerio Público de Paraguay, fiscales paraguayos vinieron a Brasil, a Rio de Janeiro, donde nos reunimos e intercambiamos información. Nosotros estuvimos en Paraguay donde nos reunimos con los fiscales paraguayos, esas reuniones en el Paraguay fueron fundamentales para que nosotros trajéramos elementos de investigación que llevaron a tener la captura de Dario Messer el día 31 de julio de 2019. Entonces, elementos que conseguimos a través de compartir del Ministerio Público de Paraguay… fundamentaron la investigación sobre el paradero de él. Esa investigación duró por algunos meses, hasta que conseguimos localizarlo en Sao Paulo”, señaló el fiscal José Augusto Simoes Vagos.

“Puedo decir también que el Ministerio Público de Paraguay actuó de forma muy rápida y eficiente en el bloqueo de los bienes de Dario Messer en Paraguay, la investigación que fue hecha allá fue una investigación bastante amplia. Ella contó con pedido de cooperación de Brasil y nosotros también pedimos cooperación con Paraguay, en relación a ese Patrimonio de Messer que fue lavado allá en Paraguay sobre lavado de dinero. Y esa actuación eficiente allá de las autoridades de Paraguay con relación al Patrimonio de Messer es lo que acabó inmovilizandolo, imposibilitando que él pueda tener una fuga tranquila”, dijo, con lo que resalta el acompañamiento de nuestro país para impulsar aquellas indagaciones que fueran necesarias.

3 – Falta de acción oportuna con relación a informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)

Según la acusación, la Fiscalía General “omitió dar instrucciones para trabajar, conjuntamente, con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD o cualquier otro órgano público o privado, con el fin de conocer los hechos puestos a su consideración”.

Aquí cita el caso de Roque Fabiano Silvera.

Haciendo memoria, los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción y de Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo, Francisco Cabrera, Liliana Alcaráz, Osmar Legal y Jorge Arce, imputaron inmediatamente en junio del 2021 a Roque Fabiano Silveira de nacionalidad brasilera, por darle protección en Paraguay a Dario Messer, acusado por Lavado de Dinero.

Y fue en noviembre de ese año que el Juzgado Penal de Garantías 2 de Asunción otorgó la suspensión condicional del procedimiento a Roque Fabiano Silveira.

Esto fue a pedido de los fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta, quienes solicitaron la suspensión condicional de procedimiento para Silveira, teniendo en cuenta que el hombre fue procesado por frustración de la persecución y ejecución penal, que tiene una expectativa pena de hasta dos años de cárcel y por ende se permite este tipo de salidas procesales.

A cambio de obtener esta salida procesal, Silveira donó una ambulancia completamente equipada con terapia intensiva, valuada en G. 200 millones, que fue destinada al Hospital Regional de Fuerte Olimpo, perteneciente a la XVII Región Sanitaria del Alto Paraguay. Según publicó ABC Color, esto ante el pedido hecho por el propio director de la centro hospitalario, doctor Giovanni Gallagher Gamarra, quien señaló que al contar con el móvil se podrán salvar muchas vidas en el lejano distrito.

Por otra partes, hay que reconocer que en la administración de Sandra Quiñonez se obtuvieron reconocimientos nacionales e internacionales. Del 2018 – 2021 se registra un golpe a organizaciones de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero de 1,092,203,199.0769 US$. Esto pese a recortes presupuestarios.

Durante el 2021, la Fiscalía realizó más de 800 procedimientos, imputó a 841 personas y logró un perjuicio de casi 600 millones de dólares a organizaciones criminales, esto todo en un solo año.

4 – Inacción deliberada para la recuperación de activos (Informes de Senabico)

En su cuarto punto, el documento hace referencia a que, hasta la fecha, “ya han transcurrido cuatro años sin que el único órgano competente, el Ministerio Público, haya impulsado el comiso especial autónomo de los bienes de Darío Messer, generando, con esta actitud, impunidad para un delincuente vinculado a crímenes transnacionales y perjuicio patrimonial para el Estado paraguayo”.

Sin embargo, sí existe una exigencia por parte del Ministerio Público, para acelerar el proceso de comiso de los bienes del empresario brasileño Darío Messer, pese a los recortes en su presupuesto que enfrenta la institución.

El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, mencionó que los bienes de Messer están siendo administrados por la Senabico y congelados legalmente por pedido de fiscales paraguayos y brasileños.

Para lograr el comiso autónomo “se necesitan varias instrumentales para procedencia (es una acción compleja), entre ellas la ilegalidad y el nexo causal en la antijuridicidad; también la renuncia expresa a los bienes que hizo Messer (eso forma parte de la Delación Premiada en Brasil y se comparte por Carta Rogatoria formal, se asumen compromisos legales para su uso y tiene su trámite), también se necesita el inventario y avalúo (actualizado) de los bienes que depende de la Senabico”.

Posteriormente a todo ese trámite se iniciará el proceso de traspaso de los bienes y compartición internacional “que por primera vez en la historia del sistema de justicia de Paraguay, se va a llevar adelante; cumpliendo normas de NNUU, para una mirada positiva al país por parte del Gafilat”.

También en el libelo acusatorio citan los casos de Juan Pablo Jiménez Viveros e Ilan Grispun.

Sobre ese punto es importante subrayar que ambos sí fueron condenados por la justicia y sus acciones en empresas fueron comisadas.

5 – Caso Zero Um, el poderoso socio de Horacio Cartes, beneficiado por el Ministerio Público

En el quinto punto, los proyectistas acusan de omisión y complicidad en el caso “Roque Fabiano Silveira”, con la supuesta sistemática actuación omisiva y cómplice atribuida al Ministerio Público, con hechos vinculados al lavado de activos, contrabando y otros hechos punibles conexos; en particular, cuando involucran a Horacio Cartes y sus socios comerciales.

Sin embargo, como explicamos anteriormente, Fabiano sí fue procesado y condenado por la justicia paraguaya.

 6 – Parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la Fiscalía: decisiones diferentes ante procesos similares

En el documento se señala que dejó impune a Horacio Cartes por el caso de la declaración falsa descubierta en el caso Pandora Papers, pero procesó a Óscar González Daher por no haber declarado bienes que le pertenecían al momento del llenado de su declaración jurada.

Sobre el punto, la Fiscalía sí se encuentra investigando el caso de HC con diligencias previas, tal como la realización del examen de correspondencia de bienes a la Contraloría General de la República, con la cual se podrá determinar si existió o no un delito.

7 – Impunidad del homicidio de Rodrigo Quintana – Ataque a la sede del Partido Liberal Radical auténtico (PLRA)

En este punto se acusa a la fiscal general del Estado “por la deliberada inacción en la búsqueda de la verdad real con relación a los hechos ocurridos en fecha 31 de marzo y 1 de abril de 2017, los cuales marcaron a fuego a la nación paraguaya”. Agrega que, a pesar de la gravedad, el Ministerio Público, en todo momento, “actuó como cómplice y encubridor de la verdad; dejando impunes a los autores intelectuales del homicidio de un joven; el atropello a la sede del PLRA; y la detención arbitraria de centenares de personas”.

En realidad, en la causa está acusado el policía Gustavo Florentín, por homicidio doloso. En su momento, los abogados del agente policial Florentín habían denunciado que la escena del crimen del joven dirigente liberal Quintana fue manipula­da y por tanto las evidencias contaminadas, atendiendo a la viralización de un video en el que se ve como varias personas del PLRA movían piezas en el lugar.

Los representantes legales de Florentín señalaron, en aquel entonces, a Efraín Alegre Irún, Stiben Patrón, Olga Paredes, Mabel Cantero y Fernando Cáceres como los involucrados en plan­tar y esconder pruebas en la sede del Partido Liberal en la fatídica madrugada de 5 años atrás.

8 – Impunidad en el fallido Metrobús

La posición de los acusadores se fundamenta en la “inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción a los autores y cómplices, en el marco de sendas denuncias de presuntos hechos punibles que incluyen daño patrimonial al presupuesto público, en torno a la construcción inconclusa de la obra conocida como Proyecto de Reconversión Urbana y Metrobús”.

Sobre el punto, la denuncia presentada por el caso Metrobús se encuentra en poder de la Fiscalía en etapa investigativa.

Por otro lado, en el 2020 el Gobierno paraguayo logró recuperar la totalidad del anticipo por esta obra.

Asimismo es importante recordar que esta causal de juicio político (al igual que el caso de Rodrigo Quintana y Messer) son hechos en los que la fiscala general ya fue absuelta en un juicio político anterior, por lo que no puede ser juzgada dos veces por la misma causa.

9 – Ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa-presupuestaria del Ministerio Público

La falta que se atribuye, en este punto, es que “habría presentado ante la Comisión Bicameral del Congreso, información imprecisa, incorrecta o falsa, para fundamentar las solicitudes de incremento presupuestario. También por no promover una planificación institucional ni una relación entre presupuesto, metas y objetivos institucionales”.

Se sabe que la Fiscalía carece de mayores agentes fiscales, profesionales en el ámbito forense y especializados en el área de la tecnología. 

Justamente, tan solo hace unas semanas, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que pretende la ampliación presupuestaria del Ministerio Público, ante la necesidad imperante que posee la institución de mayor dinero. Ahora llamativamente esta misma Cámara pretende enjuiciar a Quiñónez alegando problemas presupuestarios.

Dicha aprobación presupuestaria de Diputados permitirá que estos recursos serían utilizados para la creación de 49 unidades fiscales que permitirán el fortalecimiento de unidades especializadas en delitos económicos; delitos contra la corrupción; contra el narcotráfico; de lucha contra el abuso sexual en niños y niñas, etc. Además, que serán habilitadas unidades penales en ciudades como Mayor Otaño; Encarnación; San Pedro del Ycuamandyyú; San Lorenzo; Capiatá; Luque; entre otras.

10 – Impunidad de la corrupción en intendencias y gobernaciones

El documento señala que en múltiples casos, diputados nacionales, concejales municipales y particulares, han impulsado denuncias penales ante el Ministerio Público, por hechos de corrupción pública en intendencias y gobernaciones del país, pero que no investiga.

No obstante, en la propia acusación se añade que el 85 % de los casos se encuentra en etapa de investigación, en una se imputó, en dos se acusaron y otras dos ya llegaron a juicio oral.

Entre los casos citados en el libelo figuran los siguientes:

-Municipalidad de Asunción: Caso “Detergentes de oro”

El Ministerio Público sigue investigando el caso, a cargo del fiscal Juan Ledesma.

-Gobernación de Central

La Fiscalía investiga el presunto desvío de G. 50.000 millones. El fiscal  Juan Manuel Ledesma, investiga las 404 órdenes de pagos librados por la administración del entonces gobernador de Central, Hugo Javier González, a favor de oenegés.

Además Hugo Javier está imputado en otra causa y con arresto domiciliario.

Así también hay otros procesados por la causa de facturas clonadas, y los encausados presentaron chicanas, lo cual ya escapa de la actuación fiscal, para enlentecer el proceso.

11 – Inacción o negligencia del Ministerio Público

Por último en el libelo se citan algunos casos y se sindican al Ministerio Público una falta de actuación, tales como EMPO, denuncia contra Juan Carlos Baruja, contra Jorge Gattini, incautación de cigarrillos en el 2018, firmas irregulares para la reelección presidencial, y tratos inhumanos por oficiales de la Armada.

Pero en realidad estos casos se encuentran en plena investigación por parte del Ministerio Público.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.