Así lo informó hoy a los medios el diputado liberal y presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Antonio Buzarquis, quien destacó la importancia de este nuevo Servicio Civil Obligatorio para los objetores de conciencia como herramienta de “capacitación laboral”.

El anteproyecto, en su artículo tercero, explica que el objetor de conciencia deberá presentar una declaración oficial y, una vez sea aprobada, estará “obligado a prestar Servicio Civil Obligatorio en beneficio de la población civil en centros asistenciales designados”.

En ese mismo apartado se señala que se promoverá fundamentalmente la ejecución de proyectos ambientales como la reforestación.

Para esas tareas de reforestación, Buzarquis señaló la importancia de la colaboración tanto de las gobernaciones y municipalidades como del Instituto Forestal Nacional (Infona).

“Me encantaría ver un ejército de 30.000 jóvenes reforestando la república del Paraguay”, expresó Buzarquis, quien recordó el problema medioambiental que atraviesa la región del Chaco, una de las más afectadas por la deforestación.

Entre las instituciones reconocidas incluidas en el anteproyecto figuran centros de enseñanza pública, hospitales, organismos estatales de beneficencia, acción social y emergencia, así como oenegés y entidades privadas sin ánimo de lucro.

Según recoge el documento, los jóvenes objetores dispondrán de un plazo de 20 días tras haber sido convocados por las Fuerzas Armadas para presentar su declaración ante el Defensor del Pueblo, en la que plantearán una propuesta de servicio comunitario que no será vinculante.

El anteproyecto de ley también plantea la creación de un Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, integrado por el defensor del Pueblo, el Ministerio de Defensa, miembros del Parlamento y representantes de los objetores.

Este nuevo organismo será el encargado de recibir las declaraciones de objeción de conciencia, comunicarse con las Fuerzas Armadas, determinar las condiciones del Servicio Civil y emitir informes sobre su cumplimiento, entre otras funciones.

Como resultado del trabajo comunitario, los jóvenes recibirán un certificado de cumplimiento, lo que les eximirá de “abonar cualquier tasa militar”, contemplada en la actual Ley del Servicio Militar Obligatorio que fue aprobada en 1975.

Sin embargo, el texto sí contempla el abono de un “gasto administrativo” que, según Buzarquis, será inferior a las multas actuales y se reinvertirá en acciones sociales destinadas a los jóvenes.

El diputado liberal no aclaró el presupuesto necesario para llevar a cabo esta iniciativa, ni el tipo de sanciones que se aplicarán a aquellas personas que se nieguen a participar ni en la formación militar ni en la civil.

Para Buzarquis, el anteproyecto es un paso para compensar el “déficit” que presenta Paraguay en cuanto a la “mano de obra cualificada” y favorecerá la “reinserción laboral” de los jóvenes.

Además, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso tendió su mano al Defensor del Pueblo y a las organizaciones civiles que trabajan paralelamente en la redacción de otros anteproyectos de ley para “juntar todas las propuestas” y armar una “mesa de trabajo” conjunta.

“Queremos dar la vuelta a la página, mirar hacia el futuro y decirle a los jóvenes paraguayos: acérquense a trabajar con nosotros en este proyecto de ley”, añadió.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.