En la última semana de julio el presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Denis Lichi, final­mente consumó la adjudica­ción del cuestionado llamado para la tercerización del ser­vicio de contratación de fun­cionarios. La empresa adjudi­cada es Dynamus Marketing Promocional SA (DYSA).

Según la Resolución N° 633/22 el contrato es de modalidad abierta y com­promete unos G. 48.600 millones, aunque según una observación al proceso de la Dirección Nacional de Contrataciones Públi­cas (DNCP), “el monto indi­cado en el documento de plurianualidad no cubre el monto total estimado”.

Wiliam Wilka, director de Gabinete de Petropar, dijo a Nación Media que el con­trato vigente con Dynamus estipula la contratación tem­poral aproximadamente de 300 personas, y que con este último llamado ya adjudi­cado el objetivo es llegar hasta 500 personas.

Cabe destacar que del con­trato actual firmado en el 2020 entre la firma Dyna­mus y la petrolera estatal tiene vigencia hasta junio del 2023, y que de los G. 36.600 millones del contrato abierto, aún quedan disponi­bles unos G. 6.000 millones. Sin embargo, ya cerró esta nueva adjudicación cuando quedaba aún por ejecutar un importante monto para el servicio de tercerización.

En el pliego de bases y con­diciones se señala que Petro­par requerirá en adelante operadores para el centro de atención telefónica, pla­yeros, jefes de turno de esta­ciones de servicios, técnicos, personal administrativo y también operativo.

Este proceso al parecer busca garantizar hasta diciembre, en medio de las internas, el caudal monetario a ser des­tinado a la contratación tem­poral de personal que brinde servicios a la petrolera.

Un análisis realizado por el Equipo de Investigación de Nación Media detalla que los precios referenciales del expediente estiman un costo máximo de G. 85.733 millo­nes, cerca del doble de lo que maquilló en el llamado. En el portal de la DNCP aún no se publicita el contrato.

Además, un dato no menor es que la empresa estatal ade­lantó que “en el caso de nece­sitar se pedirán las modifi­caciones correspondientes, solo en caso de ser necesa­rio”. Pero, mientras tanto el monto a ser destinado a la contratación tercerizada de personal para la petrolera es de unos US$ 7 millones.

Todo esto ocurre en el marco de las internas partidarias de diciembre donde Lichi, que cuenta con el apoyo del vice­presidente Hugo Velázquez, pujará para ser el candidato de la Lista 1 para la Goberna­ción de Cordillera.

CUIDANDO MONOS
Un trabajo de análisis de los registros del Tribunal Supe­rior de Justicia Electoral (TSJE) logró revelar el éxodo de más de 50 funcionarios de Petropar y personal terceri­zado a los distritos de votación de Cordillera. Bastante suge­rente dado que Denis Lichi busca llegar a la Gobernación de dicho departamento.

Los “monos” que dieron el salto están detallados en 30 funcionarios directos de la petrolera y 23 empleados ter­cerizados a través de Dyna­mus. Los migrantes a los locales de votación de Cordi­llera salieron en su mayoría del departamento Central, en su mayoría del distrito de Villa Elisa, seguido por fun­cionarios que viven en Fer­nando de la Mora, Lambaré, Luque y Mario Roque Alonso.

Llamativamente Lichi adju­dica y recurre a la misma proveedora de servicios de gestión de recursos huma­nos, presumiblemente con la mirada puesta en el 18 de diciembre próximo.

MÁS DINERO EN JUEGO
Además de esta adjudicación de Petropar, Lichi mantiene en puerta comprometer más de G. 65.035 millones en dis­tintos procesos licitatorios que, cuanto menos, son suge­rentes por los montos, por las “necesidades” y por el tiempo en que se dan.

Uno de los contratos gran­des en proceso de cierre es la contratación de servicios de limpieza, donde se prevé gastar hasta G. 4.435 millo­nes, estipulando emplear 54% más de lo presupues­tado en la última contrata­ción similar de hace un año y medio atrás.

También se suman las lici­taciones para servicios de publicidad por la “instala­ción de imagen corporativa” que tiene un presupuesto de G. 10.000 millones; y en alquiler de impresoras pre­tende gastar otros G. 1.500 millones.

Por último, otro de los fla­mantes llamados de Petro­par del último mes es para la adquisición de pasajes aéreos por G. 500 millones.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.