En la licitación de la petrolera estatal a cargo de Denis Lichi, para contratación de per­sonal tercerizado, publi­can un costo máximo de G. 48.600.715.239 con vigencia plurianual, es decir, por dos años. Sin embargo, al pro­fundizar los documentos del expediente los precios referenciales estiman costo máximo de G. 85.733.325.277, casi el doble de lo que hacen figurar en el llamado.

El monto máximo publicado en realidad no corresponde al costo real de contratación plurianual, sino más bien ase­gurar presupuesto para las incorporaciones tercerizadas de personal hasta diciembre del 2022, es decir, en coinci­dencia con la campaña electo­ral en la que el presidente de Petropar aspira a la Goberna­ción de Cordillera.

La diferencia para cubrir una ejecución contractual de dos años es de G. 37.132 millones y es una de las observaciones que consigna en el llamado, la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP). “Se verifica que el monto indicado en el documento de plurianualidad no cubre el monto total estimado. Se solicita remitir el documento con la disponibilidad reque­rida”, señaló la DNCP.

Ante la observación que deja en evidencia la intención real de asegurar cupos hasta diciembre próximo, Petropar ensayó un argumento sobre la modalidad del contrato abierto. “El proceso está pre­visto como contrato abierto, por tanto, si bien se prevé un monto máximo, este no es una obligación”, respondió la convocante, agregando ade­más que, “en el caso de nece­sitarse se pedirán las modi­ficaciones correspondientes, solo en caso de ser necesario, de modo a no comprometer innecesariamente el presu­puesto”.

De esta forma, Petropar elude dar mayores explicaciones del porqué hicieron figurar un monto más “económico” que, comparado a los pre­cios referenciales proveídos por 5 firmas del rubro, tal vez no alcance para contratar la cantidad de personal que se prevé con esta licitación, pero sí para ayudar con las cam­pañas políticas en las que están metidos tanto el pre­sidente de la petrolera como sus aliados.

DNCP cuestionó que la licitación no reflflejara el monto total que se necesita para contratación por dos años.

Al respecto de esta licitación el equipo de investigación del diario La Nación/Nación Media se comunicó con el director de Gabinete de Petropar, Wiliam Wilka, para cuestionar el porqué de este lla­mado cuando ya tienen un contrato con la empresa Dynamus con el mismo fin y con vigencia hasta junio del 2023 a lo que el mismo contestó: “Lo que pasa es que crecimos demasiado rápido, tenía­mos planificado un crecimiento, pero no de esta magnitud”. El fun­cionario dijo que Lichi habilitó 42 nuevas estaciones de servicios.

Mencionó, además, que el contrato firmado con la empresa Dynamus era para la contratación temporal de alrededor de 300 personas y con el llamado actual buscan ampliar la contratación temporal de hasta 500 personas con las que se pretende des­vincular al personal ya contratado por la petrolera para volver a contratarle nuevamente.

“Aproximadamente 20 personas son las que se requieren para cada estación de servicio, con lo que entre las 6 suman 120 per­sonas, eso aparte de las oficinas de call center y comercial”, aclaró el representante de Petropar.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.