En plena crisis econó­mica donde el precio del combustible es una constante, la petrolera estatal Petropar realiza un llamado a licitación para la “Contratación de firma espe­cializada para el apoyo en la gestión de recursos huma­nos temporales”, en la cual se prevé un gasto tope de G. 48.600.715.239; es decir, unos US$ 7.073.508.

La millonaria contratación es para incorporar personal por vía de la tercerización en plena campaña electoral, proselitismo en el que tam­bién se encuentra abocado el presidente de Petropar, Denis Lichi, como aspirante a la Gobernación de Cordillera.

El llamado se da con la excusa de la apertura de nuevas esta­ciones de servicio, para las cuales se requiere la con­tratación de personal. Sin embargo, la petrolera, a cargo de Denis Lichi, actualmente tiene un contrato vigente con la empresa Dynamus, la cual es la encargada de rea­lizar estas incorporacio­nes. Dicho contrato fue fir­mado el 15 de diciembre del 2020 con una vigencia de 30 meses; es decir, hasta junio del 2023, por valor máximo de G. 36.600 millones.

Llama la atención la premura de un nuevo llamado, consi­derando que queda todavía un año de ejecución de la anterior contratación de personal, cuyo monto, por cierto, se disparó, ya que se aumentó cerca de US$ 2 millones el presupuesto máximo.

No hay que olvidar a los reco­mendados, hijos de sindicalis­tas y operadores que entran por la ventana (de manera temporal) a la institución gracias a estos servicios ter­cerizados de contratación de personal.

Llamado de Petropar en búsqueda de una consultora que le “gestione” contratación millonaria de personal en medio de fuerte campaña electoral, en la que Lichi puja por la Gobernación de Cordillera.

Contrato de gestión de personal tercerizado con máximo de G. 36.600 millones, vigente hasta junio del 2023.

El llamado actual se encuen­tra en período de recepción de ofertas hasta el 8 de julio próximo y en el pliego de bases y condiciones (PBC) ya se pueden observar cupos para operadores de call cen­ter, administrativos, jefes, encargados de turno y 14 lis­tas de empleos. La moda­lidad para esta megacon­tratación es nuevamente plurianual.

Lichi, en pleno proselitismo, viene siendo muy cuestio­nado mediática y política­mente por el derro­che en licitaciones, que incluso en el Congreso le instaron a frenar tres llamados hace un par de sema­nas. La compra de regalos por G. 1.500 millo­nes, contrata­ción de asesores para estudio de mercado de gas y otro referente a gestión de marcas de lubricantes para la petrolera.

“Creo que todos coin­cidimos en que debe­mos velar por los gastos del Estado, evitando lo innece­sario y sobre todo cuidando el aporte de los contribuyen­tes”, decía el senador Patrick Kemper en su proyecto de resolución para instar a Lichi a parar el derroche en su administración.

Evidentemente, el inte­rés de Lichi es muy dife­rente a lo que le aconse­jaron los senadores y al de la ciudadanía que, pre­cisamente, hoy amanece con otra desagradable situación con la suba de combustibles.

Si bien Petropar ahora busca una empresa especializada para las contrataciones, meses atrás el titular de la misma, Denis Lichi, ya mostraba ser un experto en la materia cuando incorporó alrededor de 21 nuevos funcionarios, entre los cuales suman un gasto de G. 4.159 millones al año, aparte de las 70 personas que figuran como comisionadas de otras instituciones del Estado, de entre las cuales 28 pertenecen al departamento de Cordillera.

Por citar, entre los arreados aparece Wilfrido Soto Morínigo, quien ingresó a Petropar en marzo del 2021. Con el cargo de asistente, percibe mensualmente G. 12 millones. La licenciada Basilisa Sán­chez Velázquez, por su parte, fue contratada desde agosto del mismo año como “persona de confianza”, según figura en planilla, y su salario asciende a G. 22 millones.

En ese entonces, el equipo de investigación de La Nación/Nación Media compartía que la administración Lichi llenó de asesores, asis­tentes, operadores de planta y varios directores, quienes coinciden­temente son votantes de la seccional 109 en la ciudad de Arroyos y Esteros, a la cual pertenece el presidente de la empresa estatal.

Hay que recordar que el mismo es candidato a la Gobernación de Cordillera en las próximas elecciones, por lo que los contratos a cordilleranos guardan estrecha relación con la buena letra que quiere hacer con los electores de su departamento.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.